Los fiscales y jueces que validaron la continuación de los procesos penales por aportes de campaña, enmarcados en el caso Lava Jato y otros, enfrentarán consecuencias legales. Los exinvestigados en casos emblemáticos como Aportes al Partido Nacionalista y Cócteles, hoy anulados por el Tribunal Constitucional (TC), ya alistan la presentación de algunos recursos.
En la lista de denunciables figuran los exintegrantes del extinto Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Germán Juárez y el exfiscal José Domingo Pérez, el coordinador Rafael Vela Barba, así como algunos magistrados del Poder Judicial.
Cierre
Fue en octubre de 2025 cuando el TC zanjó la controversia sobre los aportes de campaña a través de una sentencia: “La figura penal de ‘receptación patrimonial’ (…) fue incorporada al Código Penal recién en noviembre de 2016, es decir, después de los hechos investigados” y atribuidos por el fiscal Pérez en el Caso “Cocteles”. Un proceso que tenía como principal investigada a la entonces excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Esta decisión también repercutió en el Caso por los Aportes al Partido Nacionalista, encabezado por el fiscal Juárez, en el que Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados por lavado de activos. El fallo fue anulado por el TC debido a que la imputación inicial era receptación patrimonial en campañas del 2006 y 2011, una vez más, cuando la norma no configuraba ello como delito.
Es decir, la Fiscalía no precisó correctamente “el delito fuente o procedente, del cual habrían provenido los fondos presuntamente ilícitos”, y “no justificó racionalmente que el procesado tuviera conocimiento o pudiera presumir dicho origen ilícito”.
La investigación por los “Aportes” se inició en 2015, mientras que la del Caso Cócteles empezó en el 2016; once y nueve años, respectivamente, de pesquisas.
Panorama
Los funcionarios o exfuncionarios cuestionados podrían enfrentar desde pedidos de indemnización hasta denuncias penales. El Estado peruano también podría ser demandado.
Fuentes de este Diario señalaron que la defensa del expresidente Ollanta Humala esboza una estrategia que contempla ambas vías, un escenario que también evalúan los exprocesados de los casos ya citados.
“Hay dos tipos de acciones que se van a ir generando. Las denuncias penales se presentarán principalmente por el delito de abuso de autoridad, por haberse generado un proceso que ha durado tanto tiempo. Muchas personas fueron detenidas arbitrariamente y eso se ha producido sabiendo los jueces y fiscales que los hechos no eran delito, como ya se ha establecido recientemente. Entonces, el primer tipo de acciones son acciones de carácter penal, que tienen que ir dirigidos contra todos los magistrados que hayan intervenido en estos casos”, señalaron.
Luego, indicaron que “el otro camino será el pedido que se hará aplicando la ley de indemnización por error judicial (Ley 24973), una norma antigua, pero que se encuentra vigente y que sanciona civilmente todas las decisiones judiciales que se hayan dictado de manera arbitraria y con error flagrante”.
“Se van a generar acciones civiles contra los fiscales y jueces que intervinieron en cada caso –dentro de cada caso intervinieron, incluso, distintos jueces–, en su momento. Eso será materia de una demanda civil”, añadieron fuentes del entorno humalista.
Finalmente, remarcaron que esto se desarrollará de forma independiente a los recursos en la vía administrativa, es decir, la Autoridad Nacional de Control, ya sea del Ministerio Público o el Poder Judicial, y la Junta Nacional de Justicia.
Por ejemplo, los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, del juzgado que sentenció a Humala y Heredia, fueron suspendidos por seis meses en el marco de un proceso disciplinario. La medida respondió exclusivamente a la decisión de ejecutar la pena inmediatamente después del adelanto del fallo.
Asimismo, de los 46 exacusados en el Caso Cócteles, el diputado Pier Figari (Fuerza Popular) ha sido el primero en confirmar la presentación de una demanda. Según detalló, su abogado Aurelio Pastor se encargará de dicha tarea. “Voy a ir primero por la vía civil y estoy evaluando la vía penal todavía. Pero voy a tomar varias acciones, no solo una”, detalló al programa Beto a Saber.
Figari estuvo alrededor de tres años bajo prisión preventiva. ¿Quién le devuelve ese tiempo perdido?
Más casos
La defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) también espera el momento oportuno para la presentación de determinados recursos. El caso del exmandatario es similar en cuanto al deficiente desempeño que tuvo su acusador, José Domingo Pérez, pero distinto en relación a que fue la Corte Suprema la que sentó un precedente previo –en el caso Susana de la Puente– y no el TC el que zanjó su caso.
La Suprema concluyó que la Fiscalía no sustentó adecuadamente por qué se configurarían las imputaciones de lavado de activos y asociación ilícita contra PPK. Con esta decisión, el juez Richard Concepción Carhuancho archivó en mayo de este año el caso por las campañas del 2011 (Alianza para el Gran Cambio). Queda pendiente, sin embargo, una apelación de la defensa, tras una negativa de la juez Margarita Salcedo, para archivar el caso por los aportes del 2016. Según el abogado del expresidente, Julio Midolo, la respuesta debería llegar en “el transcurso de la próxima semana”.
“Lo que estamos esperando es que queden consentidas las resoluciones, es decir, que ya no haya posibilidad alguna de que la Fiscalía o la Procuraduría puedan apelar y a partir de ese momento iniciaremos algunas acciones”, señaló a Correo.
Según detalló, “se está evaluando un tema de reparación civil que seguramente será un proceso largo y que tendrá que ser en contra del Estado”.
El letrado consideró que “ya quedó demostrado que no solamente se trató de una inconducta funcional (por parte de los funcionarios), sino de un abuso a autoridad, pues se estaba discutiendo un delito que en el momento no lo era”.
