El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acudió a la Fiscalía el miércoles por la tarde, lugar en el que declaró por seis horas en la investigación que se le sigue por las muertes ocurridas durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
El motivo de la demora de la diligencia se debió a la actuación de los abogados del premier, quienes objetaron la mayoría de las interrogantes planteadas por la Fiscalía de la Nación y por la Procuraduría General del Estado (PGE).
NO SABE
La diligencia inició a las 3 de la tarde con la presencia de la fiscal provincial adjunta Karin Vásquez, por la PGE participaron el coordinador de litigio Joel Enrique Córdova y la abogada Ghecenia Vélgika, mientras que Otárola asistió con dos defensas, sin embargo, su abogada principal fue Grace Fernández Ortega.
Desde la Fiscalía de la Nación se tenía listo un pliego de al menos 50 preguntas, la PGE tenía 30, mientras que las defensas de los deudos por lo menos 10 interrogantes.
Sin embargo, la mayoría de preguntas fueron impugnadas por los abogados del jefe del Gabinete, lo que generó un debate en la diligencia.
Fuentes de Correo refieren que incluso la Fiscalía tuvo que advertirles a los letrados sobre su participación, debido a que las constantes objeciones entorpecían el interrogatorio.
Durante sus respuestas, el premier Otárola mantuvo la versión de que se enteró de las acciones de represión a los manifestantes mediante los medios de comunicación.
Consultado sobre las acciones militares realizadas, firmó que en su condición de ministro de Defensa “no supervisaba o las dirigía”.
También, varias de sus respuestas se escudaban bajo el argumento de que “desconocía” del tema o que “no tenía conocimiento”.
Además, en algunas de las interrogantes, el premier pidió que se remitan a las respuestas que había dado en una anterior declaración.
