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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló -durante su presentación ante el Congreso de la República- que el gobierno de Dina Boluarte no va a ceder al chantaje de los manifestantes radicales que protestaron en Puno y que quisieron tomar el aeropuerto.
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“No somos un régimen autoritario ni nos oponemos a la legítima protesta, pero tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo, porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y, menos, valiéndose de métodos violentistas. Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, señaló el titular de la PCM.
Asimismo, dijo que, para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en diversas ciudades del país, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas.
“Para ello, ha sido nombrada una Comisión Especial que debe presentar en el más breve plazo, todo el procedimiento de registro, calificación y reconocimiento oficial de víctimas, así como la naturaleza y valor de la compensación, la cual, sin embargo, siempre será insuficiente ante la trascendencia del derecho a la vida”, sostuvo Otárola.
También aseguró que el Gobierno está apoyando firmemente las investigaciones de los hechos, casos de destrucción y saqueo de propiedades públicas y privadas sucedidos en el marco de las protestas, para lo cual dará todo el apoyo necesario que requiera la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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“A través de los Ministerios de Defensa y del Interior hemos entregado al Ministerio Público, titular de investigación penal, toda la información correspondiente y hemos trasladado a los fiscales a los lugares bajo investigación en ocho regiones. El Ministerio de Defensa se encargó también del viaje de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen sus indagaciones sobre los sucesos ocurridos en Ayacucho”, sostuvo.
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