Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, podría argumentar en audiencia de deportación que es un perseguido político en Perú.
Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, podría argumentar en audiencia de deportación que es un perseguido político en Perú.

El dueño de la casa de Sarratea, , enfrenta en los Estados Unidos (EE.UU.) un proceso para su deportación al Perú, donde el lo investiga en el caso “Gabinete en la Sombra”, por el cual se le ha dictado 30 meses de prisión preventiva.

MIRA ESTO | Procuraduría pide al Poder Judicial que Alejandro Sánchez pague más de 144 millones de soles por daño patrimonial

Así lo anunció la titular de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi, en conferencia de prensa en la (PCM).

“Se encuentra actualmente sometido a un proceso de expulsión... o deportación de Estados Unidos al Perú. Los tiempos y los procedimientos los fijan las autoridades estadounidenses, con las cuales estamos en contacto. Hay procesos que seguir”, refirió la canciller.

La ministra agregó que -cuya casa en Breña era utilizada por el golpista expresidente Pedro Castillo para sus reuniones clandestinas- “se encuentra en la actualidad detenido por (su) ingreso irregular a los Estados Unidos”.

TE PUEDE INTERESAR | Abogado migratorio sobre situación de Alejandro Sánchez: “Tendria que ser expulsado al Perú”

AUDIENCIA

Diversos especialistas advirtieron que la expulsión de , y su respectiva entrega al Perú, debía darse a más tardar la siguiente semana de su detención, ocurrida el 8 de setiembre, lo que no ocurrió.

La alternativa que, en consecuencia, queda expedita es la deportación, para la cual el empresario cajamarquino deberá enfrentar una audiencia judicial en la que podría alegar que es un perseguido en nuestro país, argumento que le sirvió ante la para evitar que se emita en su contra una orden de captura internacional.

Sobre el tema, en un pasado diálogo con El Comercio, el advirtió que el dueño de la casa de podría asegurar que es un perseguido político, como lo hizo el prófugo exjuez supremo .

Si esto ocurre, el Perú, que ya de por sí deberá contratar a un abogado para la deportación, tendrá que demostrar que no hay persecución.