Tras su paso por El Salvador y su encuentro con su homólogo Nayib Bukele, la presidenta Keiko Fujimori y cuatro de sus ministros arribaron ayer al Perú. El titular de la cartera de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, uno de los integrantes de la comitiva, conversó con Correo sobre el viaje presidencial, la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y las iniciativas que el Gobierno espera replicar en el país.
Además, responde a la oposición y al rol que esta ejerce desde el Congreso. “Hay un signo muy nítido en un sector de la oposición: buscar que la presidenta no tenga ningún resultado”, puntualizó.
Tras su visita a El Salvador, ¿cuáles son sus primeras observaciones en materia de seguridad?
El primer balance es que una cosa es conocer el tema por artículos o videoconferencias, y otra verlo. En cuanto a seguridad, hemos visto dos realidades. La primera sobre los delincuentes que se pueden rehabilitar. Sobre ello, existen dos elementos: el cumplimiento de la mitad de la condena en una prisión de máxima seguridad y la otra mitad en una granja de trabajo bajo el programa “Cero Ocio”.
En Perú tenemos un programa de cárceles productivas, pero todavía no hemos alcanzado los niveles emblemáticos de El Salvador. En nuestra visita, preguntamos a los responsables, tanto funcionarios como los internos a cargo, cómo han evolucionado. Cómo es que surgió, por ejemplo, la crianza industrial de pollos. Nos han referido detalles específicos que podemos aplicar en el Perú.
Lo otro es la cárcel de máxima seguridad (CECOT) que alberga a los pandilleros condenados a cadena perpetua, con un régimen absolutamente cerrado, sin visitas y sin salida al parque exterior.
¿Cuál de todas las iniciativas tendría una aplicación más inmediata en el Perú?
Lo que hay que aplicar, de manera inmediata, es precisamente lo que no se ve. Esto es la primera etapa del modelo de El Salvador. Ellos elevaron la pena por tenencia ilegal de armas, de manera drástica, y luego eligieron a un grupo selecto de jueces a los que les dieron seguridad, tanto a ellos como a sus familiares.
Y para eso, nosotros tenemos el subsistema que inauguramos en Trujillo y que replicaremos en Lima Norte. Es un grupo de jueces elegidos, a los que se les da seguridad especial, y a los que se les lleva los casos de bandas dedicadas a la extorsión.
Así se empieza. ¿Para qué queremos cárceles especiales o granjas penitenciarias si todavía no tenemos la posibilidad (adecuada) de condenar a los extorsionadores y sicarios? Tenemos que empezar modificando los procedimientos penales y creando un sistema especial para juzgar al delincuente en el menor tiempo posible y de la manera más drástica.
La presidenta anunció una cárcel de máxima seguridad, ¿se asemejará a las condiciones del CECOT?
La realidad de El Salvador difiere de la nuestra en cuanto a las posibilidades que se tienen para reunir a los presos en las condiciones del CECOT. Nuestro afán, esencialmente, es construir cárceles en el menor tiempo posible.
Enfrentando la normatividad vigente, no son menos de cinco años de tramitología. Esa es la realidad legal de nuestro país. En la forma abreviada, no es menor a tres años. Eso no nos sirve. Tenemos que buscar fórmulas más creativas para tener una prisión en el más breve tiempo, o sea, pensando en que la construcción de la cárcel podría demorar de ocho meses a un año.
Los trámites previos, que son sumamente engorrosos, tienen que ser lo más expeditivos posible. Ya están los equipos de trabajo concentrados en eso, se les dio la indicación de explorar todos los caminos legales.
En el marco de las facultades legislativas aprobadas, ¿cuáles son las primeras medidas que implementará su sector?
Lo primero en lo que hemos trabajado es en la consideración del fiscal y el juez en casos donde la evidencia indica que el ciudadano ha actuado en defensa propia. La perspectiva de la administración de justicia debe ceder ante la evidencia. Y que el fiscal, si tiene alguna observación, tenga la responsabilidad de asumir la prueba en contra.
Esto para cortar que el fiscal pida la detención preliminar de cualquier persona que se defienda de un delincuente y que, desde la cárcel, tenga que probar el ciudadano que actuó correctamente. El sentido común nos indica que el fiscal debe probar que el ciudadano actuó de manera ilegal.
¿Se hará alguna modificación a la normativa?
Lo que nos autorizó el Congreso no fue modificar la norma procesal. Nosotros queríamos, en principio, que no existiera detención al ciudadano que usó su arma autorizada para defenderse de un delito.
Como no se nos ha autorizado, estamos yendo por el aspecto de la percepción del fiscal y del juez. Entonces, la idea es que toda la legislación esté pensada en beneficio del ciudadano y no del que delinque. Ese es el principio rector con el que, básicamente, también empezó el sistema salvadoreño.
En el plano político, la oposición señala un aparente desaire del presidente Bukele por remarcar que ambos países viven realidades distintas…
Lo que el Perú ha comprobado es que hay mucha mezquindad en parte de la oposición. En principio, dijeron que el presidente Bukele no había recibido a la presidenta y que había ido la canciller (Alexandra Hill Tinoco), cuando era lo que correspondía.
El encuentro de presidentes fue bastante solemne, de acuerdo al nivel de amistad entre ambos países, y en su discurso el presidente Bukele dijo lo que nosotros hemos dicho antes del viaje: Las realidades no son las mismas. De lo que se trata es de tomar algunos elementos, que han tenido resultado y adaptarlos a nuestra realidad.
Es sentido común, pero claro, hay un signo muy nítido en un sector grande de la oposición que lo que busca es que no se le otorguen más facultades a la presidenta, que no tenga ningún resultado, que no viaje a ver otro modelo y decir que no tiene un objetivo definido. Y en el momento en que se presenta un modelo, sujeto a adaptación, inmediatamente se le quiere quitar legitimidad. (…) Es realmente mezquino lo que hacen algunas personas en la oposición.
¿Qué elementos del modelo salvadoreño no se aplicarían, por ejemplo?
No es necesario, por ejemplo, tener algunos elementos de la granja de trabajo de los internos. Es obvio que no podemos tener el mismo rigor para los internos, como en el CECOT, porque este tiene algunas observaciones de índole constitucional y de derechos fundamentales.
Además, el derecho constitucional siempre parte del principio de que la actuación del Estado, sobre la sociedad, tiene que ser siempre proporcional al mal que quiere solucionar. Y nuestra criminalidad, si bien es cierto es grave y violenta, no llega ni a la mitad de los límites de la que llegó El Salvador con los ‘maras’ y estos grupos sumamente violentos que tomaron las ciudades y el campo (…).
Entonces, las medidas no pueden ser tan gravosas para la libertad y los derechos fundamentales como las que en El Salvador sí fueron necesarias.
Por otro lado, la familia del expresidente Alejandro Toledo ha pedido que el Gobierno le otorgue un indulto. ¿Existen las condiciones para ello? La presidenta dijo que “ninguna persona merecía morir en prisión”.
Esencialmente, es cierto, pero los indultos se otorgan a personas que tienen especial connotación, tanto de cumplimiento de la pena —o sea, más de la mitad— o el haber devuelto, en caso de corrupción, el íntegro del dinero que le restaron a la sociedad. O una enfermedad sumamente grave que haga necesaria su salida del penal para que pueda morir en breve término en su casa.
El Sistema Interamericano y la jurisprudencia, actualmente, proscribe tanto la amnistía como el indulto destinado a generar impunidad. Y hasta donde yo recuerdo, el presidente Toledo apenas tiene cerca de tres años en detención en el Perú.
Por tanto, eso tiene que evaluarse con mucha seriedad, más allá de los gestos que lógicamente los familiares puedan realizar. O sea, se entiende que ninguna familia quiere tener a su familiar en la cárcel, pero como sociedad tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos.
¿Y sobre la situación legal de Vladimiro Montesinos tiene conocimiento?
Solo lo que se ha visto en los medios. En este caso, no hay impunidad; el señor ha estado varios años en la cárcel. Es un tema sobre que está por cumplir la pena que el sistema judicial le impuso en su momento, y obviamente como persona mayor tiene el derecho de pretender ir a cumplir o culminar, si hubiese una pena adicional que se le haya bien puesto, en su domicilio. Eso corresponde al Poder Judicial, él no ha pedido ni una gracia presidencial ni ningún tipo de indulto.
¿Son una opción a evaluar los jueces sin rostro?
No es necesariamente inconstitucional. El temor a los jueces sin rostro es a alguna “arbitrariedad” de sus resoluciones, y esto se puede subsanar ante la Junta Nacional de Justicia y los órganos ad hoc dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Si se llega al caso extremo de que se comprobara que jueces y fiscales no actúan por la intimidación de las bandas criminales, y esto se convierte en algo sistemático, tendremos que buscar una solución proporcional al mal que queremos eliminar. Pero tendríamos que hacerlo con expertos en derecho constitucional y penal para afectar los derechos fundamentales al mínimo.
Todos los derechos fundamentales, incluso la vida, son limitados; no hay derechos absolutos (…). Todavía no es algo sistemático como lo fue, por ejemplo, en el momento más grave del terrorismo en el Perú.
El ministro confió en que el Congreso encontrará “equilibrio” frente a las discusiones sobre los límites de sus cámaras. “El Senado no puede ser el que establezca, por encima de Diputados, las medidas legislativas que van a regir en el país. Pero tampoco puede ser una simple mesa de partes sin ninguna capacidad de agregar o modificar un proyecto aprobado en Diputados”, dijo.
