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La mayoría de bancadas del Congreso aprobaría por insistencia la ley que establece requisitos para la designación de ministros y viceministros, la que fue observada en la víspera por el presidente Pedro Castillo.
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En Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Podemos adelantaron que respaldarán la norma, una vez que llegue al Pleno del Legislativo.
La vicepresidenta de la Comisión de Constitución, Gladys Echaíz (APP), dijo a Correo que difícilmente cambiará el criterio de sus colegas, por lo que estimó que la norma prosperará al final. Adelantó que su voto será un favor.
La misma postura tuvo Alejandro Cavero (AP), quien opinó que es evidente que Castillo no quiere requisitos para seguir nombrando “amigos incompetentes sin capacidad” en el Estado.
“Los ministros no son cargos de elección popular, por lo que creo que probablemente tengan requisitos profesionales”, enfatizó a este diario.
Carlos Anderson, de Podemos Perú, anticipó que apoyará la insistencia, así como su colega José Cueto, de Renovación Popular.
Fuentes de Fuerza Popular refirieron que también la respaldarán. La fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, declaró en RPP que el Congreso votará nuevamente para aprobar la ley.
El acciopopulista Wilson Soto insinuó su respaldo, al tuitear que la observación de la ley solo dilata la coyuntura “para seguir teniendo ministros no aptos”.
Su compañera de bancada Karol Paredes, igualmente, lamentó la decisión de Castillo y manifestó que irán en pos de la insistencia.
EN SUS TRECE
En contraste, el vocero de Perú Libre Waldemar Cerrón defendió la decisión del Gobierno.
Afirmó que la Carta Magna es clara al establecer requisitos para ministros y que la norma en cuestión agrega ocho años de experiencia de gestión, lo que afecta -consideró- a la juventud.
La autógrafa ahora volverá a la Comisión de Constitución para que analice las observaciones del Ejecutivo. Tras ello, se elevará al Pleno para una nueva votación.
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Cabe precisar que la ley establecería que no pueden ser ministros quienes estén procesados o condenados por distintos delitos, entre ellos terrorismo, crimen organizado, violencia familiar y corrupción.
