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Pese a que el Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que permite el rastreo telefónico a delincuentes, el pleno del Congreso aprobó -por insistencia- dicha norma. Fueron 95 congresistas los que votaron a favor de esta iniciativa.
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“La finalidad del presente decreto legislativo es regular el acceso de la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, en casos de flagrancia delictiva o en investigaciones preliminares por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el delito contra la libertad, el delito contra el patrimonio, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos, delitos de trata de personas, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de minería ilegal y los delitos comprendidos en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, a la localización, geolocalización o rastreo de los teléfonos móviles y/o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación”, se precisa en la iniciativa.
Respecto al procedimiento se indica que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones o las entidades públicas y privadas relacionadas con estos servicios, están obligados a brindar los datos de localización, geolocalización o rastreo de manera inmediata y oportuna, “dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas de solicitada la información” por la Policía.
“Cuya atención del requerimiento será las veinticuatro horas del día de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal, en caso de incumplimiento”, indica la norma.
La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Defensa, Daniel Urresti, quien dijo que la norma tiene objeto atender una necesidad legal que es “avalada por el Ministerio Público”.
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“La propuesta es importante para la Policía Nacional a fin de ubicar geográficamente el celular desde donde algunos delincuentes se comunican durante o después de cometido el delito”, alegó el legislador de Podemos.
Urresti precisó que en nuestro país existe normas para las interceptaciones telefónicas, pero no para el “rastreo permanente” y eso hay en todos los países del mundo.
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