El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, abrió una investigación preliminar contra la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por presuntamente solicitar una coima de dos millones de soles a la empresa nacional Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) a cambio de otorgarle la buena pro de la obra “Mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara”.
Según la resolución, a la que accedió Correo, Juárez le imputa a Osorio los delitos de cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir y dispone ocho meses como plazo de investigación.
El fiscal también comprendió al extitular de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós y a Rafael Granados Cueto, representante de la compañía, por los mismos delitos.
LOS HECHOS. El fiscal Germán Juárez tomó como base la declaración del aspirante a colaborador eficaz No.13-2019, quien señala que entre el 3 y el 10 de diciembre del 2015, el ingeniero Carlos Zariquiey le contó a Rafael Granados que lo había buscado en las oficinas de ICCGSA “una persona que decía ser cercana a la gobernadora regional y que manifestaba ser su primo, de nombre Edgar”.
“(...) En dicha reunión, el enviado de la gobernadora regional (...) indica que para que proceda la aprobación de la oferta de ICCGSA (...) debía tener la aprobación del Gobierno Regional para la mayor aprobación presupuestal por lo que se debía pagar una cantidad de dinero equivalente de S/ 2′ 000,000 para que proceda la adjudicación”, señala el testimonio.
Del monto pactado, solo se habría abonado 450 mil soles durante la ejecución del proyecto.
Según la Fiscalía, hubo una demora en el pago de la coima, por lo que Osorio acudió a las oficinas de ICCGSA y en una reunión en un restaurante de Miraflores, le “increpó” a Fernando Castillo por no cumplir. A fines de 2017, el gobierno regional de Arequipa resolvió el contrato.
Diligencia
El fiscal Germán Juárez Atoche ha dispuesto levantar el secreto bancario, bursátil y tributario de todos los investigados.
Responde
Yamila Osorio, desde España donde realiza un posgrado, señaló a El Comercio que se trataría de una especie de “venganza” de la empresa por los procesos que iniciaron al no cumplir con los plazos establecidos para culminar la variante.
“Es una infamia lo que están diciendo, todo es seguro por las cartas fianzas”, dijo.