El reciente atentado en el interior de un socavón de la Compañía Minera Poderosa en la provincia liberteña de Pataz que dejó nueve personas fallecidas y al menos 10 heridos, es la evidencia de que el Gobierno que encabeza Dina Boluarte se encuentra a la deriva.
Al menos así lo han asegurado diferentes voces que critican la inacción de la actual gestión en la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana.
Y es que el sábado al promediar la 1 de la madrugada, hampones armados que estarían vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, irrumpieron en la compañía minera y tomaron de rehenes a personal de seguridad. Cuando se intentó desalojar a los delincuentes se dio un enfrentamiento armado que terminó con personas fallecidas.
De acuerdo con el parte policial, los cuerpos hallados tenían signos de quemaduras producto de la detonación de artefactos explosivos y otros tenían impactos de bala de armas de fuego.
SIN RUMBO
Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, la masacre ocurrida en Pataz no solo es una muestra de inacción de parte del Gobierno, sino también que “estamos frente a un Gobierno absolutamente a la deriva” respecto a la seguridad.
“Estamos frente a un Gobierno desorientado a enfrentar el crimen organizado. Estamos viendo un Gobierno temeroso de enfrentar a las organizaciones criminales, a los ilegales, a un Gobierno que pretende normalizar el ingreso de las organizaciones criminales”, indicó.
En diálogo con Correo, el extitular del Interior afirmó que el Gobierno solo está observando la situación, pero no reacciona ni enfrenta a la delincuencia.
En ese sentido, advirtió que la minería ilegal y el narcotráfico cada vez ganan más terreno, además de ejercer control territorial.
“Lo de Pataz no es un hecho aislado porque se viene denunciando hace mucho tiempo, la Minera Poderosa ha sido secuestrada por el Tren de Aragua que se ha convertido en una especie de servicio que vende seguridad a los mineros ilegales”, sostuvo.
También consideró que el Gobierno tiene una respuesta pasiva ante los graves hechos ocurridos.
“Pasamos a una pasividad que enerva frente al crimen organizado. El Gobierno tiene otras prioridades, lamentablemente”, indicó.
El general PNP (r) José Baella también se refirió al atentado. “La falta de seguridad en el país envía un mensaje negativo al mundo, nueve trabajadores de la Minera La Poderosa fueron asesinados en Pataz, mina líder en exportación de oro. Esperamos que estas muertes no queden impunes y se capture a los responsables. Es muy triste”, apuntó.
Por su parte, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que Pataz es una zona fuera de control para el Estado.
“Se veía venir y el Gobierno no hizo nada. Es una amenaza terrorista y como tal debe ser enfrentada”, escribió en X (antes Twitter).
Mientras que la exministra de Defensa, Nuria Esparch, destacó que desde hace meses, la Compañía Minera Poderosa advirtió al Ministerio del Interior de la precarización de la seguridad en la zona.
SE SUMAN
Aldo Carlos Mariño, alcalde de Pataz, es otra de las voces críticas a la falta de reacción que ha tenido el Gobierno.
Aseguró que ningún representante del Poder Ejecutivo se reunió con su gestión para abordar el tema de la criminalidad causada por la minería ilegal en su zona.
“No contamos con presidenta de la República, no contamos con Ministerio del Interior y esas son las consecuencias, gente asesinada por la inercia del Gobierno central”, afirmó.
En diálogo con canal N, la autoridad edil dijo que lo ocurrido no es un hecho solo en Pataz, sino que alcanza a otras provincias.
“Esto es responsabilidad del Gobierno central, son cómplices por la inercia. Por su incapacidad es que nuestra provincia se desangra, las provincias se desangran y el Perú”, agregó.
Otro hecho que evidencia el mal manejo de la situación que tiene el Gobierno fue revelado por César Acuña, gobernador regional de La Libertad.
El excandidato relató que el sábado se realizó la reunión del Consejo Regional de Seguridad, pero que no se les informó sobre la matanza en Pataz, sino que él se enteró por las noticias.
“Esto significa que el servicio de Inteligencia e Información de la Policía están en cero. Hemos estado toda la mañana con los coroneles y nos dijeron nada”, contó.
El líder de APP dijo que tras enterarse de los hechos llamó al premier Alberto Otárola para pedirle su intervención.
“Mañana (hoy) en Consejo de Ministros se van a determinar las acciones que van a tomar”, adelantó.
En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, no pudo adelantar las acciones que tomará el Gobierno sobre la matanza, porque dijo que estas recién se revisarán el lunes.
“Tengo conocimiento que el Comandante General de la Policía va a viajar a la zona”, declaró.
Por otro lado, la prefecta regional Carolina Velasco le ha pedido al Consejo Regional de La Libertad que se emita una ordenanza para establecer un control migratorio en diferentes puntos de la región tales como Pataz, Virú, Chepén, entre otros, a fin de determinar la situación regular o irregular de personas que llegan desde el exterior.
EXHORTACIÓN
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó el ataque que sufrió la compañía minera, pero también denunció que el hecho criminal no es aislado, porque desde el año pasado, su campamento minero sufrió una serie de atentados que ocasionaron el deceso de siete colaboradores y graves daños materiales.
Además, exhortaron al Gobierno a tomar las medidas para restablecer el orden y el principio de autoridad en Pataz y en otras provincias donde la minería ilegal pretende someter a la población mediante el uso de violencia.
En un sentido similar se pronunció Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien calificó de “preocupante” el nivel de violencia en el Perú. “Tenemos que hacer un llamado a las autoridades para el control de la violencia, no solo en la minería, sino también en todas las regiones”, afirmó.
María Isabel León, extitular de la Confiep, preguntó si el Ministerio del Interior ya tiene un plan de Inteligencia y seguridad en el país.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas para frentar el avance de la criminalidad y la informalidad que afectan al país.
Desde Ipae Acción Empresarial se exigió a los representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Policía Nacional del Perú (PNP) a enfocarse en actuar pronto, así como asumir las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía. Mientras que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) exigió que las autoridades realicen una investigación seria y especializada para encontrar justicia para los fallecidos.
“Conminamos al Gobierno, así como a los poderes Legislativo y Judicial, a poner en marcha acciones efectivas que detengan el avance de la minería ilegal que, en alianza con el crimen organizado, siembran cada día más terror en nuestro país”, precisó la SNI en un escrito.
