La inmunidad parlamentaria fue eliminada por el Pleno del Congreso el 10 de diciembre de 2020 con 103 votos a favor.
El acuerdo fue ratificado en segunda votación el 21 de marzo de 2021.
Casi cuatro años después la bancada del partido Perú Libre presentó un proyecto de ley que se propone revertir aquella reforma constitucional.
El encargado de presentar el proyecto de ley respectivo es el congresista José María Balcázar Zelada.
“Los congresistas no pueden ser investigados, procesados, ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un año después de haber cesado en sus funciones, con excepción por la comisión de delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”, reza la propuesta de Perú Libre.
La ley aprobada en 2021 precisa que “el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la república durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato es competente el juez penal ordinario”.
Dicha norma eliminó el párrafo de la inmunidad parlamentaria; también la inmunidad de arresto y de proceso, y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
PROPUESTA.
El proyecto de Perú Libre plantea que los legisladors que incurren en delitos durante el ejercicio del cargo solo serían investigados si así lo aprueba por votación mayoritaria el Pleno de Parlamento o de la Comisión Permanente.
El proyecto legislativo tiene el respaldo del vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani.
También de la congresista Kelly Portalatino, muy cercana en el ámbito personal del líder de Perú Libre, y prófugo de la justicia peruana, Vladimir Cerrón.
Asimismo, lleva las firmas de Isaac Mita, Segundo Montalvo y otros: siete en total.
ARGUMENTOS.
Según el proponente, Balcázar Zelada, el proyecto busca “fortalecer la función legislativa en el Congreso (...) como parte de la institucionalidad de la democracia en el país”.
“Con la inmunidad parlamentaria, se pretende dar protección a la labor legislativa y no ser flanco de cualquier tipo de amenazas o coacciones proveniente del Poder Judicial, Ministerio o de la Policía Nacional”, alega.
A su juicio, la prerrogativa del legislador se justificaría porque el cargo proviene directamente de la “voluntad popular y como tal gozan de legitimidad”.
“A través de la inmunidad parlamentaria, los legisladores podrán ejercer su función, sin temores y limitación alguna y de esa forma podrán
defender los intereses de la nación y la sociedad (...)”, asegura el documento.
