El penal de Barbadillo volvió al centro del debate político tras la difusión de fotos y videos, difundidos por El Comercio, que evidenciarían presuntas comodidades en los espacios donde permanecen recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.
Ante ello, representantes de diversas bancadas del Congreso solicitaron explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Mediante un oficio dirigido a su presidenta, Shadia Valdez Tejada, los parlamentarios demandaron información detallada sobre las condiciones de internamiento de los exmandatarios.
Requisa
Según la información difundida, durante la intervención se encontraron electrodomésticos y equipos electrónicos como televisores y refrigeradoras, cuya presencia generó cuestionamientos sobre si estos bienes se ajustan a las normas que regulan el régimen penitenciario y el principio de trato igualitario.
En declaraciones a la prensa, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que lo que sucede en Barbadillo “debe regularse para que no existan ese tipo de privilegios”.
“Lamentablemente, no solo es Barbadillo, sino que ocurre en todas las prisiones, porque han habido reportes de prensa”, resaltó.
Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) envió un oficio a Elvis Vergara (Acción Popular), titular de la Comisión de Fiscalización, a fin de que cite al director del penal de Barbadillo para que explique los privilegios otorgados a expresidentes recluidos.
“Los peruanos merecemos transparencia y un sistema penitenciario sin tratos preferenciales. ¡La ley es para todos por igual!”, remarcó el legislador.
Vergara también advirtió que los electrodomésticos detectados en el penal de Barbadillo habrían ingresado de manera irregular.
En ese sentido, señaló que corresponde identificar y retirar al personal responsable de permitir el ingreso de dichos aparatos sin realizar los controles correspondientes.
“Yo voy a mandar un oficio a la jefa del INPE pidiendo acciones concretas. Y si no hay medidas, tendrán que venir a responder al Congreso”, mencionó.
El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) también criticó los presuntos privilegios que tendrían los exmandatarios.
“Lo que se ha encontrado es un hecho ilegal, no debe continuar el director del penal y el jefe del INPE tiene que explicarle al país, a través de las comisiones de Fiscalización y de Justicia. El Congreso tiene que tomar las medidas que correspondan”, afirmó.
Por su parte, Jorge Montoya (Honor y Libertad) cuestionó que se ponga en debate las condiciones en las que viven los expresidentes presos.
“¿Cuál es el afán de hacer esta inspección? Es levantar bulla, no tiene sentido hacer una requisa de esta naturaleza. Se pierde tiempo y esfuerzos para cero resultados, salvo el mediático”, expresó
Similar fue la opinión del exministro del Interior y abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza.
“Obviamente, la cortina de humo no lo decidieron los trabajadores. ¿Quién? ¿La presidenta del INPE, el ministro de Justicia? ¿El presidente Jerí? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”, señaló.
En paralelo, el expresidente Martín Vizcarra afirmó, mediante su cuenta en X, que la orden de la requisa en el penal de Barbadillo provino de “arriba” y desafió al jefe de Estado a estar presente en una próxima intervención.
“Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, publicó en sus redes sociales.
Legalidad
Fuentes relacionadas al INPE explicaron que Barbadillo es un penal “atípico”, ya que carece de áreas comunes. En ese contexto, el uso de determinados bienes no respondería a privilegios, sino a condiciones operativas propias del establecimiento.
Según la normativa, por ejemplo, el uso de televisores está permitido en espacios compartidos del pabellón, pero al no existir dichas zonas en este penal, el Consejo Técnico puede autorizar excepciones para su uso en los ambientes asignados a los internos.
Asimismo, precisaron que el Estado destina entre 7 y 8 soles diarios para la alimentación de cada interno, monto que resulta limitado para cubrir dietas especiales, sobre todo en el caso de adultos mayores.
En ese contexto, la normativa permite que los reclusos complementen su alimentación con recursos propios, lo que explicaría la presencia de ciertos artefactos domésticos.
Las mismas fuentes advirtieron que calificar esta situación como una “cárcel dorada” resulta impreciso y no se ajusta a los estándares internacionales asociados a ese término, como fue el caso del narcotraficante Pablo Escobar en Colombia.
