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Desde las 4 de la tarde el pleno del Congreso viene debatiendo el informe final que recomienda denunciar constitucionalmente a los exministros Betssy Chávez (PCM), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior) por lo ocurrido el pasado 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo cometió un golpe de Estado.
Esta denuncia, formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala a los exintegrantes del Gabinete de ministros de Castillo como presuntos coautores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.
También, de manera alternativa, la modalidad de conspiración. Es necesario recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó incluir como propuesta la suspensión de los congresistas Chávez y Sánchez mientras dure el proceso de investigación, con la posibilidad de reincorporarlos en caso sean absueltos.
Según el reglamento del Congreso, el artículo 89 detalla que con la acusación constitucional se realiza el antejuicio político de altos funcionarios.
Es decir, el “informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser remitida a la Comisión Permanente”.
La votación, con 98 congresistas sin contar a los 32 integrantes de la Comisión Permanente, podría aprobar esta denuncia si obtiene la mitad más uno de los votos (50) del pleno.
