La ministra de Trabajo se pronunció ante el informe que reveló que el empresario la presentó como su abogada en julio del 2016. (Foto: Congreso)
La ministra de Trabajo se pronunció ante el informe que reveló que el empresario la presentó como su abogada en julio del 2016. (Foto: Congreso)

La , , rechazó haber sido abogada de Rodolfo Orellana, empresario preso por haber encabezado una organización criminal que se infiltró en el Estado que la presentó como su defensora legal en un documento que presentó en el 2016.

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“Desmiento haber patrocinado al sentenciado (Rodolfo) Orellana Rengifo. Tal como lo expliqué en su oportunidad, no he defendido penal o judicialmente al referido interno”, señaló en un comunicado que publicó en redes sociales este domingo 24 de octubre.

La titular del Ministerio de Trabajo se pronunció en respuesta a una publicación del diario El comercio, en el que se informa que el 21 de julio del 2016, Rodolfo Orellana, interno en el penal de Challapalca, presentó ante la fiscalía de lavado de activos con un escrito en el que presentó como su abogada a Betssy Chávez Chino.

“En el marco de mi profesión como abogada especialista en Derecho Penitenciario y de una investigación académica, presté apoyo por igual a muchos internos de los penales de Challapalca y Tacna, con entrega de alimentos, medicinas, cartas familiares, obtención de copias, canalización de sus reclamos por maltratos o similares”, aseguró la ministra y congresista de Perú Libre.

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Chávez Chino se refirió así a los datos sobre sus visitas a Orellana Rengifo, una de ellas el 1 de julio del 2016 por más de tres horas, así como a su pareja en otro establecimiento penitenciario. La ministra dijo a El Comercio que lo hizo para entregar una carta que el preso le había solicitado enviar.

“Cualquier otra vinculación y conclusión fuera de esta situación profesional, académica o humanitaria no se ajusta a la verdad y eso consta en los archivos de las audiencias judiciales que son de alcance público”, aseguró la ministra.

Betssy Chávez concluye su pronunciamiento haciendo un llamado para que no se desprestigie la labor profesional de quienes ejercen derecho penitenciario y buscan asegurar derechos básicos a internos, así como su resocialización.

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