Boluarte: Aportes de campaña ¿falta administratriva o tema penal?

La presidente Dina Boluarte ha sido objeto de imputaciones públicas de ex colaboradores y, al parecer, aportantes de donativos para su campaña electoral 2021.

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Tales benefactores, no declarados ante la ONPE, serían los empresarios Henry Shimabukuro y Carlos Bustíos (según versión del semanario Hildebrandt). La ex asistente de Boluarte, la profesora Maritza Sánchez, ha ratificado la versión de Shimabukuro.

La Fiscalía acaba de abrir una investigación preliminar sobre estos presuntos hechos. ¿Incurrió Boluarte en supuesto delito penal al omitir tales aportes o solo se configuraría falta administrativa? Correo recogió las perspectivas jurídicas y opiniones de tres destacados abogados expertos en el tema.

JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA, Penalista

“Primero, hay que establecer el origen del dinero; si es o no lícito”

Para determinar si existiría delito penal, primero hay que establecer si el origen del dinero es desconocido o ilícito, examina para Correo el penalista Julio César Espinoza.

Asimismo, es necesario determinar, en este caso por autoridades de la ONPE, si los presuntos aportes de Shimabukuro y Carlos Bustíos, superan o no las 50 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 4,950), es decir los S/ 247,500.

Las imputaciones merecen, al menos, una indagación preliminar en la Fiscalía, señala. “Creo que hay datos, varios indicios para realizar una indagación preliminar, que es lo que está haciendo la Fiscalía”, comenta el penalista.

“El aporte que supere las 50 UIT podría estar incurso en una posible comisión de delito de financiamiento de campaña . Depende, como digo, de su procedencia lícita o ilícita”, precisa.

Recordó que Boluarte ya ha sido requerida por la ONPE para que presente su informe documentado. “Hay una investigación administrativa en la ONPE”.

Las campañas vicepresidenciales no existen sino únicamente las presidenciales, argumentó la defensa de Boluarte. Espinoza comenta: “!Eso es un error. La Ley de Financiamiento de Campañas Electorales dice que puede ser autor de este delito cualquier candidato, también los administradores de los fondos, cualquier candidato a cualquier cargo”.

LUCIANO LÓPEZ FLORES, Constitucionalista

“Si la Fiscalía hallase delito no habría antejuicio”

El abogado constitucionalista Luciano López Flores considera que “lo poco que se sabe de estos hechos, al momento, no creo que nos dé para hacer conclusiones a priori”. No obstante, configura “una serie de datos que ameritan una investigación”, pero no para ofrecer conclusiones enfáticas en este momento.

En otro ángulo del tema, advierte que los hechos que se imputan a Boluarte son situados antes que ejerza los cargos de presidenta, vicepresidenta o ministra.

“Por lo tanto -dijo a Correo - si el Ministerio Público hallase pruebas de la comisión de delito penal, la señora Boluarte ya no tendría el derecho a un antejuicio político con autorización del Congreso de la República. Boluarte podría que ser denunciada directamente ante la Fiscalía de la Nación y este ante el Poder Judicial, sin pasar por el Congreso”.

Es decir, si la Fiscalía encuentra causa probable de tipo penal, la investigación pasaría de la etapa preliminar a la fase de investigación preparatoria.

“En mi opinión - concluye - en ese supuesto, no se podría aplicar el Art. 117 de la Constitución porque esta norma no cobertura al presidente por hechos anteriores al cargo”.

“La Defensoría del Pueblo, en el 2006, defendió también esta posición al presentar una proyecto de ley con esta disquisicion”, apunta.

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ANDY CARRIÓN, Penalista

“Boluarte ahora está modificando su discurso”

“De las conductas que se atribuyen a la señora Boluarte sí habrían, al menos, indicios para abrir una investigación por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas”, opina el penalista Andy Carrión.

El criterio para determinar si las imputaciones contra Boluarte configuran delito penal, habría que tomar como referencia el Art. 359 del Código Penal, el cual regula el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, explica el penalista. Esta norma regula los alcances, “los presupuestos para criminalizar por delito de financiamiento prohibido”.

Según el Art. 359 incurre en responsabilidad penal el que recibe o da donativos, beneficios o algún tipo de prebenda del que se puede presumir su origen ilegal, amplía Carrión.

“El problema con Boluarte es que lo ha negado totalmente. Pero, ahora ha modificado su discurso. Ahora dice que sí ha recibido de Shimabukuro. Poco a poco está admitiendo su participación en estos financiamientos”, remarca el abogado.

“Solo con las versiones e imputaciones de Shimabukuro Maritza Sánchez y el empresario Carlos Bustíos -prosigue- ya habría indicios para iniciar una investigación, como ya lo ha hecho la Fiscalía”.

Añade que la ley hace referencia a cualquier tipo de prebenda (no solo dinero en efectivo, también comidas,transporte, agasajos. “Es financiamiento también”, finaliza.