La mayoría de los sanguinarios cabecillas de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA que han cumplido condena tienen un denominador común: Se van del país y prefieren vivir en el extranjero.
Este comportamiento se hizo evidente esta semana cuando se reveló con el caso “Las Gardenias”, en el que cuatro exmiembros de la cúpula del MRTA, incluido su máximo líder Victor Polay Campos (hoy con cadena perpetua), están implicados.
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El Poder Judicial ya ha dictaminado 18 meses de prisión preventiva en contra de estos, sin embargo, todos ellos permanecen fuera del país, pero no son los únicos.
Hasta seis excabecillas terroristas, tanto del MRTA como Sendero Luminoso (SL), viajaron al exterior tras cumplir sus sentencias.
Caso “Las Gardenias”
Al menos cuatro excabecillas terroristas del MRTA, que ocuparon altos mandos al interior de la organización, decidieron abandonar el país una vez puestos en libertad por las autoridades.
Estos son los casos de María Lucero Cumpa Miranda, Alberto Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas Schulte y Lino Manrique Tuya. Todos dejaron el Perú tras cumplir sentencias por terrorismo de hasta 25 años de prisión. Según informó el Ministerio Público, los mencionados radican en España, Francia, Suecia y Guyana Francesa, respectivamente.
En la actualidad, sin embargo, enfrentan una investigación por presunto homicidio calificado y terrorismo agravado, junto a Víctor Polay Campos (máximo líder del MRTA, hoy encarcelado) por el caso “Las Gardenias”.
El crimen ocurrió en 1989, en Tarapoto (San Martín), cuando un grupo de emerretistas ingresó a la discoteca “Las Gardenias” y asesinó a ocho personas tras retirarlas violentamente del local.
Por ello, el último martes 24, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de los cuatros exemerretistas mencionados. Asimismo, dispuso los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional correspondientes.
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En detalle
María Cumpa, Alberto Gálvez, Peter Cárdenas y Lino Manrique fueron piezas clave del MRTA. Algunos de ellos, incluso, fundaron la organización terrorista.
El grupo integraba dos instancias emerretistas: el Comité Central y el Comité Ejecutivo Nacional. Desde allí, según expuso la Fiscalía, orquestaron y ejecutaron un programa denominado “Limpieza social”. Este plan tenía como finalidad “eliminar” a miembros de la comunidad LGBTI, delincuentes y personas dedicadas a la prostitución, entre otros.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presentado el año 2003 recogió que el MRTA instaba a dichas personas a “enmendar su vida” a través de su semanario denominado “Cambio”.
De otro lado, mientras Cumpa y Gálvez se unieron a la organización terrorista desde sus inicios, en 1982, Cárdenas Schulte (alias “Alejandro” o “José”) y Manrique (alias “Joselo”) confesaron, a través de distintas diligencias, haber sido miembros fundadores de la agrupación.
Al interior de la alta dirigencia, además, Cumpa Miranda y Manrique Tuya también lideraron, en distintas épocas, el Frente Nor Oriental. En esta instancia, la primera era conocida como “Liliana”. Gálvez Olaechea, por su parte, fue integrante del Comité Regional Metropolitano.
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Más casos
Además de los mencionados, hay una terrorista que ya ha cumplido su condena y dejó el país para buscar enterrar su pasado criminal. Se trata de Maritza Garrido Lecca.
Ella fue sentenciada a 25 años de prisión, que se cumplieron el 17 de setiembre de 2017, tras albergar en su vivienda al sanguinario terrorista y cabecilla de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso; y su pareja y segunda al mando en la agrupación, Elena Iparraguirre. La última información sobre Garrido Lecca es que se encuentra en Argentina desde julio de 2022.
Quien también viajó al mismo país tras cumplir su sentencia, encontrándose aún en medio de un proceso judicial, fue Martha Huatay. La “Camarada Rosa” fue integrante de “Socorro Popular”: grupo encargado de la defensa legal de los miembros de SL detenidos. Además, se dedicaba a organizar atentados senderistas.
Ella fue declarada fallecida el 10 de setiembre del año pasado en Argentina y, por tanto, se declaró extinta la acción penal en su contra por el atentado perpetrado por SL en la calle Tarata (Miraflores) en 1992. En la lista de los senderistas capturados y que alcanzaron su libertad también figura Carlos Inchaustegui.
Este, junto a Garrido Lecca, se encargaban de movilizar a los terroristas refugiados en la vivienda y habían rentado la casa donde fueron detenidos. Finalmente, recuperó su libertad en 2014 y, según Reniec, reside actualmente en Lima.
Expulsados
Otros casos también acabaron en el exterior, pero no por su voluntad. El 30 de noviembre de 1995, la norteamericana Lori Berenson fue capturada por planear la ocupación del Congreso por el MRTA.
En el momento de su arresto, Berenson portaba una acreditación de prensa del Legislativo. En un primer momento fue sentenciada a cadena perpetua y luego la pena fue variada a 20 años de prisisón. Cumplió 15 de prisión efectiva y cinco en libertad condicional.
Al terminar su condena fue expulsada a Estados Unidos junto al hijo que tuvo con su esposo, el también emerretista Aníbal Apari. A esta lista de expulsados se suma el caso de Jaime Castillo Petruzzi.
El exintegrante del MRTA fue sentenciado a 23 años de prisión tras ser hallado culpable del secuestro del empresario Raúl Hiraoka Torres y la ejecución del guardaespaldas de este último.
Las autoridades también identificaron que Castillo y otros tres emerretistas incurrieron en los secuestros de hasta doce empresarios.
Tras cumplir su sentencia en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, fue liberado y expulsado a Chile, su país de origen, en 2016.
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Perspectiva
Sobre el tema, José Baella, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote), señaló a este Diario que para los excabecillas terroristas y otros es una “tendencia salir del país”, pues así evaden responsabilidades en procedimientos en curso.
“Esa es una realidad que viene ocurriendo en el país. Y sucede porque no se hace un seguimiento después de sus liberaciones”, afirmó a Correo.
El especialista puntualizó que dicha medida debería estar contemplada en una “política de lucha contra el terrorismo”. Detalló, además, que en otros países, por ejemplo Alemania, se adoptan acciones similares frente a este tipo de casos.
“Generalmente, (los excarcelados) huyen a ciertos países, sobre todo de Europa, donde figuran distintas ONG o personas que creen que en el Perú hubo una guerra, o algo similar, cuando claramente no fue así. Aquí lo que ocurrió fue que organizaciones terroristas atacaron al Estado peruano, a la población. Entonces, estos viajes son una tendencia de siempre, escapar a países de cierta orbe para eludir responsabilidades penales”, indicó.
Baella también alertó de situaciones como el adoctrinamiento. Días atrás, la Dircote ejecutó un operativo en el que se detuvo a un clan familiar de siete miembros, entre ellos un exconvicto de SL, que manipulaban a niños con la ideología senderista.
“La verdadera política antiterrorismo es multisectorial. Es necesaria la participación de distintos ministerios. También es verdad que la Dircote no tiene una logística adecuada para implementar un seguimiento a estas personas. Los gobiernos piensan que ya se ganó la guerra en el aspecto militar, pero en el aspecto político y ideológico no es así”, puntualizó.
