A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, varios candidatos hoy apelan al voto ciudadano para llegar al Congreso o a la vicepresidencia de la República. No obstante, sus nombres aparecen en expedientes administrativos judiciales y en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
El dominical de Punto Final reveló que sobre algunos pesan sanciones por faltas graves como presentar documentos falsos para acceder a puestos en cargos públicos.
Uno de los casos es el de Eliana Toledo Reyes, candidata a diputada por Somos Perú. Trabajó en el Congreso de la República entre los años 2021 y 2022 y durante ese tiempo se desempeñó como técnica en la Tercera Vicepresidencia con la congresista Patricia Chirinos.
Para acceder al puesto, Eliana presentó una constancia laboral en la que señalaba que había trabajado durante casi 3 años en la empresa FSR Asesoría y Gestiones SAC, donde se habría desempeñado como encargada de marketing e imagen. Sin embargo, cuando el Congreso decidió verificar la información, la empresa aseguró que nunca había trabajado en su institución. Por ello, el Congreso concluyó que la constancia era falsa y en julio de 2022 fue despedida e inhabilitada por 5 años para ejercer función pública.
Al respecto, Toledo respondió que se trataba de un conflicto personal con la gerente y la situación se debió a discrepancias. “No había un pago contractual y trabajé con ella”, dijo, asegurando que la constancia no es falsa, pero reconoce que no hubo contrato.
MÁS CASOS CUESTIONADOS
Otro caso es el de Ángel Valdivia Aparicio, candidato a senador por Pasco, por Unidad Nacional. El postulante trabajó en el Tribunal Constitucional como asesor jurisdiccional en el periodo 2020-2021. Para obtener el puesto presentó un certificado que señalaba que, entre el año 2013 y 2014, había seguido un curso de Microsoft Office en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Educación y Solidaridad” de Chiclayo.
Durante el proceso de verificación, la institución determinó que Valdivia nunca había sido alumno y que la firma del certificado no correspondía a sus autoridades. Por si fuera poco, el documento señalaba que asistía a clases presenciales en Chiclayo; pero los registros laborales del Congreso mostraron que, en ese mismo periodo, Valdivia Aparicio trabajaba a tiempo completo en Lima durante los años 2013 y 2014. Ante ello, el TC decidió que se intentó sorprender a la institución sobre sus credenciales profesionales, por lo que en el 2021 fue destituido del cargo.
“Yo estudio muchos cursos. No hubo ninguna demanda, sino que se trata de gente que quiere bajar a mi persona. Nunca me han destituido del TC. Mi salida fue porque ha terminado mi contrato”, respondió.
También figura Nélida Cuayla Cuayla, candidata a 2.ª vicepresidencia por el Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. En el 2018, según resolución, presentó 4 certificados médicos para justificar licencia por enfermedad cuando era docente del colegio Horacio Zeballos Gamez, en Moquegua. Empero, cuando la UGEL Moquegua investigó, descubrió que los certificados no existían en el sistema de salud y que se habían presentado documentos con una doctora que ya no laboraba en el Seguro Social de Salud, además de números de registros médicos duplicados.
En ese sentido, la docente obtuvo pagos por días que no trabajó. Al respecto, la candidata mencionó que le descontaron y se trató en otro colegio.
También aparece Walter Rodríguez Noriega, candidato a diputado por Alianza Electoral Venceremos. Inhabilitado por la venta de títulos y certificados falsos a terceros para facilitar acceso a plazas en Loreto.
Pedro Galiano Urquizo, candidato a diputado por Perú Acción. Fue inhabilitado por presentar certificado de incapacidad temporal para el trabajo. No estaban registrados en el sistema de salud cuando laboraba en un colegio en San Juan de Miraflores.
Otro es Abimael Castro Atao, candidato a diputado por Avanza País. Inhabitado tras confirmarse que utilizó un título profesional falso para obtener una plaza laboral en Andahuaylas.
