El Poder Judicial resolvió archivar el delito de colusión agravada atribuido a Vladimir Cerrón dentro del proceso penal que se le sigue por el caso Antalsis. La decisión fue tomada tras evaluar el pedido presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el sobreseimiento de ese cargo por considerar que no existían elementos suficientes para sostenerlo.
El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundado el requerimiento fiscal luego de revisar los actuados vinculados a los convenios entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA-PERU. Según el documento constatado por RPP, el magistrado concluyó que no había sospecha suficiente ni datos relevantes que permitieran sostener que el caso debía pasar a la etapa de juicio.
La Fiscalía sostuvo que no se pudo corroborar con prueba directa una presunta concertación entre Cerrón Rojas y directivos de la empresa Servicios Industriales de la Marina SA-SIMA-PERU. También indicó que ninguno de los colaboradores eficaces aportó información que acreditara un acuerdo ilícito para la firma de los convenios de cooperación institucional.
El Ministerio Público añadió que tampoco se encontraron documentos que mostraran una coordinación previa con fines delictivos para ese acto específico. Además, señaló que la actuación de Vladimir Cerrón se mantuvo dentro del ejercicio regular de sus funciones y competencias administrativas.
En la resolución emitida el 10 de abril, el juez indicó que al revisar los elementos de convicción reunidos sobre los convenios no se advirtió una base suficiente para sostener la imputación de colusión agravada.
Pese a ese archivo, Cerrón sigue vinculado al expediente por la vía civil. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mantiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado para una eventual reparación civil por los daños y perjuicios que se atribuyen al presunto delito.
La Fiscalía recordó además que en el caso Antalsis subsisten otros cargos contra el líder de Perú Libre. Entre ellos figuran asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio, imputaciones que permanecen vigentes dentro del proceso.
