Redacción Diario Correo

Mediante su defensa legal, Vladimir Cerrón pidió al Poder Judicial ser excluido del pago de una eventual reparación civil en favor del Estado, en el marco del caso “Antalsis”, por el presunto delito de colusión agravada.

El pedido busca dejar sin efecto la resolución emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. En dicho fallo, el magistrado archivó la acusación penal por colusión agravada a solicitud de la propia Fiscalía, pero dispuso que Cerrón continúe vinculado al proceso a fin de responder económicamente por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al Estado.

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En su recurso de apelación, la defensa de Cerrón sostiene que la resolución presenta una contradicción lógica, al considerar que no puede mantenerse la obligación de pagar una reparación civil por un delito penal que ya fue desestimado y archivado. Además, señalan que no existe un daño material ni moral debidamente acreditado que pueda imputarse directamente a su defendido en este extremo del proceso.

Tras dicho reclamo, el juez Cristóbal Ayala admitió a trámite la apelación el pasado 20 de mayo. El recurso fue elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas para analizar el requerimiento y emitir una decisión en los próximos días.

Cabe precisar que, aunque el delito de colusión agravada fue archivado al no haberse hallado pruebas directas de un acuerdo ilícito en este extremo del caso, Vladimir Cerrón aún enfrenta otras imputaciones vigentes dentro del caso “Antalsis”. En ese marco, el Ministerio Público dispuso que continúe siendo procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio.

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De acuerdo con la tesis fiscal, el prófugo líder de Perú Libre habría formado parte de una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaunde Lossio, la cual habría ocasionado un perjuicio al Estado peruano superior a los 26 millones de soles durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín (2011-2014).

Las presuntas irregularidades se habrían concretado en la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Para ello, el gobierno regional suscribió convenios con la empresa estatal SIMA, que a su vez subcontrató a la firma privada Antalsis. Este esquema habría sido utilizado para eludir la normativa de contrataciones del Estado y favorecer a la presunta red criminal.

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