El expresidente Pedro Castillo va camino a convertirse en el político más reciente con una sentencia firme. Varios lo acompañarán en este cuestionado “mérito”.
Y es que a paso seguro avanza el proceso judicial contra Castillo y otros exfuncionarios de su gestión por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
El Poder Judicial (PJ) notificó ayer a los acusados en este caso (8) del plazo de 10 días, establecido por ley, que tienen para que presenten sus observaciones a la acusación fiscal.
En esta etapa, las defensas podrán formular distintos requerimientos, entre ellos, el archivamiento del caso.
Implicados
La Fiscalía acusa a 8 personas en este proceso. Para Castillo se solicitan 34 años de cárcel por tres delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública .
Entre tanto, para Chávez Chino, hoy en prisión preventiva al igual que el exmandatario, se piden 25 años por presunta rebelión. Aníbal Torres enfrenta el mismo cargo pero con un requerimiento de cárcel de 15 años.
Son múltiples las evidencias y testimonios que ha recogido el Ministerio Público. Según la acusación fiscal, fueron Castillo, Betssy Chávez, entonces premier; y Aníbal Torres, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes elaboraron el mensaje a la Nación golpista. Este documento se trabajó la noche del 6 y la madrugada del 7 de diciembre de 2022.
La tesis fiscal señala que Chávez y Torres acudieron al Despacho Presidencial y luego usaron la computadora de una oficina contigua. El usuario utilizado pertenecería al “nombre del hijo” del expresidente. Allí se conectó un dispositivo USB denominado “Marco” y se abrió un archivo Word titulado “Mensaje”.
El MP también cuenta con las declaraciones de testigos, implicados y congresistas, entre otros, que participaron antes, durante y después del golpista pronunciamiento presidencial.
Un testigo, según difundió Panorama, afirmó que Betssy Chávez abrazó a Castillo Terrones “por cinco segundos”, tras el mensaje presidencial. Luego de ello, añadió, la entonces premier informó que elaboraría un decreto supremo para formalizar los anuncios de disolución del Congreso, la intervención a la Fiscalía y otros.
“Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora tengo que sacar el decreto supremo’”, contó el informante sobre Chávez.
Dos exsecretarias de la PCM respaldan estos dichos. Ambas señalaron que Chávez les ordenó elaborar la documentación citada.
Hay más
Otros imputados por el mismo delito son los exministros Willy Huerta (ministro del Interior), Roberto Sánchez (ministro de Comercio Exterior y Turismo) y los exaltos mandos policiales Manuel Lozada (jefe de la Región Policial Lima), Jesús Venero (comandante PNP) y Eder Infanzón (teniente PNP).
Este grupo también afronta un pedido de 25 años de prisión efectiva. Testimonios arrojan que Infanzón afirmó que “no estaba permitido el acceso a nadie” al Congreso, el día del golpe de Estado, por orden de la Región Policial Lima; y que Venero no permitió el ingreso a la sede del Parlamento.
En cuanto a Lozada, el entonces jefe de la PNP, Jorge Angulo, contó que este lo llamó para pedirle “retirar las rejas de la Plaza de Armas para que sus simpatizantes, en la Av. Abancay, ingresen”.
El general Raúl Alfaro indicó que el exministro Huerta fue quien lo comunicó con el expresidente Castillo para pedirle el cierre del Legislativo.
En tanto, pese a que el exministro Sánchez ha negado conocer todo acto relacionado al golpe de Estado, el exministro Huerta indicó que aquel exclamó “por el país”, tras el mensaje presidencial. Sin embargo, poco después se retractó.
Perspectivas
¿Estamos ante un caso que podría obtener una sentencia rápida, a diferencia de los de Lava Jato?
Los abogados penalistas Andy Carrión y Luis Lamas Puccio consideran que la pesquisa está cumpliendo con los tiempos y se refirieron, en principio, a este plazo de diez días para que los investigados refuten la acusación fiscal.
“Las defensas pueden interponer todo tipo de recursos. Pueden formular observaciones formales, un recurso para que se archive el caso –ya sea una excepción de procedencia o también un recurso de sobreseimiento– e incluso aportar pruebas de cara a lo que será el juicio oral”, indicó Carrión.
Lamas Puccio, en la misma línea, estimó que los abogados de las partes presentarán recursos de excepción. Detalló que las defensas, probablemente, volverán a insistir en que “los hechos investigados no reúnen las condiciones para poder ser calificados como delitos”.
“En este caso, imagino que van a ser declaradas infundados (los recursos de excepción) porque hay cantidad de evidencias, indicios, elementos de convicción y pruebas”, aseveró.
Culminado el plazo de 10 días, los requerimientos formulados por los imputados deberán resolverse dentro del control de acusación. Esta es la última instancia previa a la instalación del juicio oral, etapa que llegará pronto, según coincidieron los letrados.
La acusación fiscal fue presentada el último 12 de enero, poco más de un año después de iniciada la investigación preliminar.
Una de las razones por las que estas diligencias avanzaron de forma célere, en opinión de Lamas Puccio, se debe a que se han cumplido los plazos de ley.
“El proceso a Pedro Castillo es un caso que se está manejando dentro de los plazos que establece la norma, a diferencia de los casos Lava Jato donde, en mi opinión, el objetivo siempre ha sido alargar (los procesos)”, puntualizó.
Carrión agregó que el caso avanza a pasos agigantados “por la modalidad delictiva” del mismo.
“Esta ha sido descubierta en flagrancia. Usualmente, en el ámbito penal, aquellos delitos que son descubiertos en esta modalidad tienen una mayor celeridad en su tramitación (...). Creo que ese ha sido el factor determinante”, aseguró.
En agenda
De otro lado, el Poder Judicial tiene pendiente evaluar una posible sanción a Aníbal Torres, quien se libró de una prisión preventiva de 18 meses en diciembre del 2022 y tiene comparecencia restringida. Entre las reglas de conducta figura el no comunicarse con los testigos del proceso pero hizo caso omiso y se reunió con el extitular de Defensa, Gustavo Bobbio. La audiencia será el 14 de febrero.
