El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación preliminar del caso Ícaro o El Dorado, relacionado con un presunto esquema de corrupción vinculado al control de una mina en Ayacucho.
La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de otras personas consideradas “terceros afectados” dentro de la investigación, entre ellas Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia de la Cruz, Julissa Lores, Gregorio Villalón, Franco Parodi y Gianfranco Meza.
El magistrado declaró fundado en parte el pedido formulado por la Fiscalía de la Nación para acceder al reporte histórico de comunicaciones entre el 16 de mayo de 2024 y el 24 de marzo de 2025. La investigación comprende presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, peculado de uso y acceso ilícito en agravio del Estado.
Según RPP, la resolución emitida el pasado 12 de mayo ordena a las empresas operadoras de telecomunicaciones entregar información detallada sobre llamadas, mensajes de texto y multimedia, registros de IMEI e IMSI, ubicación de antenas y otros datos técnicos vinculados a las líneas telefónicas de los investigados. El juez precisó que esta información solo podrá ser utilizada para fines estrictamente relacionados con la investigación fiscal.
No obstante, Checkley declaró infundado el pedido fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones de Máximo Ramírez e Yber Torres.
Como se sabe, el caso Ícaro cobró notoriedad tras el operativo ejecutado por la Fiscalía en agosto pasado, que incluyó allanamientos a inmuebles vinculados a Nicanor Boluarte, Franco Parodi y abogados relacionados con el entorno de Santiváñez.
