Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se pronunciará en breve acerca de solicitud de Boluarte de no ampliar el plazo de investigación en el "Caso Rólex"
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se pronunciará en breve acerca de solicitud de Boluarte de no ampliar el plazo de investigación en el "Caso Rólex"

En los próximos días, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, resolverá una solicitud de la presidenta Dina Boluarte para que el Ministerio Público culmine la investigación que se le sigue en el “Caso Rólex”.

El magistrado Checley deberá decidir si accede o rechaza el recurso interpuesto por la defensa de la mandataria.

El tema de fondo es que la defensa sostiene que el plazo establecido para la investigación preliminar a la jefe de Estado, venció.

Pese a ello, sostiene la defensa, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no ha definido si presentará una denuncia constitucional o si se archivará el caso.

Según el abogado Juan Carlos Portuga, el plazo habría sido sido excedido en 177 días.

ALTA COMPLEJIDAD.

La Fiscalía de la Nación, en contraste, defiende que el caso presenta alta complejidad.

Esto justifica, según la Fiscalía, que el plazo de investigación preliminar fijado originalmente en ocho meses debería computarse a partir del 17 de mayo de 2024.

“Se dispuso declarar compleja esta investigación y, en consecuencia, fija el plazo de investigación preliminar en ocho meses. Lo que evidentemente, a criterio de esta Fiscalía, deben ser computados a partir de esa misma fecha: 17 de mayo del 2024. Por lo que el vencimiento, para nosotros, recién se produciría con fecha 16 de enero del 2025″, señala el alegato del Ministerio Público.

Esto significa que las pesquisas requieren una ampliación hasta el 16 de enero próximo.

La extensión, argumenta la Fiscalía, es necesaria para desarrollar diversas diligencias como verificar documentos, realizar peritajes sobre bienes muebles, inmuebles y diversos informes financieros.

Dina Boluarte es investigada por la presunta recepción indebida de donaciones o regalos (joyas de considerable valor monetario), enriquecimiento ilícito, un supuesto incremento en sus cuentas bancarias, y otros.