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El fiscal anticorrupción de Lima Norte, Marco Carrasco Campos, y su equipo intervienen las sedes de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos con el fin de asegurar el destino de las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19, que habían sido inmovilizadas en sus respectivos centros clínicos por el Instituto Nacional de Salud (INS), a raíz del escándalo de la irregular inoculación de dosis a más de 400 funcionarios públicos.
La diligencia -que inició a las 8 y 30 de la mañana- consiste en el “levantamiento de la inmovilización de las dosis”, revelaron fuentes allegadas a la investigación. Participan también representantes del INS.
“Esta diligencia busca asegurar cuál será el uso de las dosis adicionales que fueron inmovilizadas: a quiénes se aplicarán o para qué se va a usar”, señalaron las fuentes.
En febrero último, el INS comunicó que las “dosis de vacunas disponibles en stock” estaban inmovilizadas en el Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, suspendido para nuevos ensayos clínicos tras el escándalo del caso “Vacunagate”.
“El Ministerio Público busca cautelar el buen uso de las dosis que habían sido inmovilizadas. El INS y los centros clínicos de las universidades (Cayetano Heredia y San Marcos) deberán designar quién o quiénes estarán a cargo de la custodia de las vacunas”, explicaron las fuentes.
La fiscalía evalúa, además, solicitar un peritaje a una de las dosis para la evaluación correspondiente de su contenido.
En la universidad San Marcos, la diligencia estuvo a cargo del fiscal adjunto anticorrupción Augusto López Loaiza, desde las 9 y 30 de la mañana. A la sede de la Cayetano, llegó la fiscal adjunta Diana Fernández.
Como se sabe, el Ministerio Público declaró compleja la investigación preliminar por este caso contra “los que resultan responsables por el delito contra la administración pública” y amplió el plazo a ocho meses.
Esta es una pesquisa paralela a la seguida en la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, en el denominado caso Vacunagate, al ser ellos exaltos funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio político.
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