La versión de un colaborador eficaz vuelve a complicar la situación del congresista por Lambayeque, José María Balcázar Zelada, de la bancada Perú Bicentenario.
Según el testimonio ofrecido al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), dicho legislador solicitó que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interceda para lograr el archivo de una investigación seguida en su contra en Chiclayo por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
Este favor fue consecuencia de las negociaciones que, a nombre de Benavides, realizaron con el legislador, los exasesores de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza, para conseguir votos en el Parlamento a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos.
llaman a fiscal. Según las indagaciones en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, Balcázar hizo su pedido especial y es así que Villanueva pone manos a la obra y comienza a llamar al número celular de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre.
La declaración en la carpeta fiscal refiere lo siguiente: “Villanueva y la fiscal de la nación debían cumplir con su parte del trato, por lo que el 17 de noviembre del 2023, este volvió a llamar a la fiscal superior Carmen Miranda por el aplicativo WhatsApp, y después de tanta insistencia ella le respondió. Es ahí donde Villanueva se presenta y le dice que por encargo de la fiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas, llamaba para pedirle que sobresean (archivar) el caso del congresista, puesto que ella tenía ese proceso”.
Además, el investigado le dijo a su interlocutora que él “era el encargado de las gestiones con el Congreso”.
El colaborador agregó que Miranda respondió que tal solicitud no era posible de atender y que ella solo actuaría conforme a ley.
Actualmente, la magistrada es titular de la Junta de Fiscales en Lambayeque y por ahora no está entre sus funciones el dirigir investigaciones de ningún tipo.
Sin embargo, motivados por el remezón de esta información, el Ministerio Público de Lambayeque, a través de su Oficina de Imagen Institucional, emitió un comunicado mediante el cual explican que la investigación contra el parlamentario está a cargo de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo con la carpeta Nº 4485-2019.
Asimismo, detallan que “si bien el fiscal provincial”, en referencia al magistrado Carlos Osores Padilla, “en su momento planteó el sobreseimiento, dicha decisión generó la remisión del expediente por distinto parecer”. Eso último alude a la decisión de un juez para que la Fiscalía Superior se pronuncie.
¿Y cuál fue la instancia que analizó el sobreseimiento? Fue la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, donde despachó Miranda hasta diciembre del año pasado. De esa oficina salió el dictamen para que otro fiscal formule acusación contra Balcázar Zelada.
Finalmente, esa tarea cayó en manos de la fiscal, Dora Hidalgo Rodríguez, quien, según el comunicado oficial, presentó formalmente el requerimiento de acusación el pasado 8 de noviembre ante un juzgado.
¿Omisión y tráfico de influencias?
A raíz de la información proporcionada por un colaborador eficaz en este caso es posible que se configuren otros delitos. Aunque la última palabra la tendrá el propio Ministerio Público y tal vez el Congreso de la República.
Balcázar. Es claro que las coordinaciones y pedidos a los exasesores de Patricia Benavides permiten deducir que el parlamentario incurrió en el presunto delito de tráfico de influencias, pero no es tan sencillo como parece.
“La figura penal de tráfico de influencias exige que la solicitud se haga a quien resuelve o tiene la decisión, pero en este caso el señor Villanueva recurre a una fiscal que no tenía esa tarea en sus manos. Esta investigación plantea nuevos retos para analizar el tipo penal; sin embargo lo sucedido refuerza la hipótesis fiscal sobre la existencia de una supuesta organización criminal, que mantenía nexos con otro poder del Estado”, explicó el abogado Fernando Andrade.
No es regular que alguien llame a un fiscal para solicitarle que archive una determinada investigación.
Pero si es lógico preguntar si la fiscal Carmen Miranda comunicó el accionar de Jaime Villanueva, porque la llamada se registró mucho antes de su captura.
“Al parecer hay una omisión de denuncia, pero eso lo tiene que definir la Fiscalía u otra instancia interna administrativa, porque es un hecho que se está conociendo, aún faltan más corroboraciones”, indicó la abogada Rocío Huamáncodor.
Correo busco conocer los descargos de la fiscal Miranda, pero respondió que no hará comentarios al respecto.
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