César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. (GEC)
César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. (GEC)

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, justificó el proyecto ley del Ejecutivo que busca sancionar penalmente la difusión de información reservada respecto a investigaciones penales en medios de comunicación.

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Landa señaló que los periodistas no serán sancionados por publicar informaciones producto de las filtraciones.

“La Constitución protege el secreto profesional, incluyendo a los periodistas, y el proyecto de ley no exigiría a un periodista que vaya a revelar de haber recibido la información”, dijo Landa a RPP.

Sin embargo, el canciller no aclaró de qué manera se castigará a los jueces y fiscales si no es partir de que los periodistas revelen las fuentes de información.

“El periodista no tendría que revelar su fuente, eso está clarísimo. El tema no es en relación al periodismo, sino a los funcionarios públicos que tienen información reservada de acuerdo a ley y se revela”, sostuvo.

Landa, autor de publicaciones como “Los derechos fundamentales”, remarcó que ningún derecho es “absoluto en la medida de que no afecten bienes o derechos de otra parte”, en medio de las revelaciones periodísticas sobre casos de corrupción que involucran directamente al presidente Pedro Castillo.

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RECLAMO. La Defensoría del Pueblo rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea que se sancione la difusión de información reservada en investigaciones penales.

“Para la institución, esta propuesta buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía”, indicó la institución en un pronunciamiento.

Enfatizó en que es indispensable que se aseguren la condiciones mínimas que le permitan a los periodistas realizar su labor a cabalidad.

“Tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal, en tanto amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público”, agregó.