En medio de la investigación sumaria realizada por la Comisión de Justicia del Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer un comunicado en respaldo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que enfrentan dicho proceso.
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El pronunciamiento no incluye la postura oficial del Poder Legislativo, pero sí apela a la palabra de las “organizaciones de la sociedad civil y personas operadoras de justicia”.
En detalle
Los comentarios de la CIDH se producen luego que la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, enviara un oficio a la institución el último 7 de septiembre.
En el documento, la magistrada expresó su “preocupación en relación a la repetida vulneración que viene produciéndose, de manera sostenida, a la independencia” de la Junta.
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En respuesta, la Comisión refirió ayer que “el procedimiento” que enfrentan los siete magistrados “no estaría fundamentado en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico”, pues así lo “informaron organizaciones de la sociedad civil y personas operadoras de justicia”.
El constitucionalista Carlos Hakansson, sin embargo, puntalizó a Correo algunos de estos cargos. Entre ellos, “presuntas omisiones funcionales (no presentar dos años consecutivos su informe anual por mandato constitucional)” y que otros dos por “supuestos excesos de competencias, como dictar un comunicado en defensa de una fiscal suprema e interpretar una regla constitucional sobre el rango de edad para ejercer el cargo de miembro de la JNJ”.
“La Comisión debe estar atenta a la salud democrática de los Estados miembros de la Convención, pues cualquier presunta arbitrariedad es un síntoma de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, el problema es que la observancia de la Comisión es selectiva”, comentó.
Por otro lado, la CIDH también “advierte” que el control político a los operadores de justicia “basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad”; sin embargo, “reconoce la importancia de los controles políticos” y no identifica, directamente, afectaciones en dicha investigación sumaria.
“Todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”, añadió.
Otro de los puntos comprendidos en su comunicado, además, está relacionado a las posibles consecuencias de la “remoción del Pleno de la JNJ”, es decir, de la totalidad de sus miembros.
“Sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, sostuvo la CIDH.
Para Hakansson, un posible acto arbitrario responde a un “posible impedimento al derecho a la defensa o la ausencia de la debida motivación del informe final de la Comisión de Justicia”. Nada de ello ha ocurrido, sin embargo.
Los magistrados acudieron hace unos días al Parlamento para hacerle frente a los cuestionamientos, derivándole la palabra en su mayoría a su abogado defensor, Samuel Abad; y el grupo de trabajo aún se encuentra en medio de las diligencias correspondientes.
Perspectivas
Este Diario consultó a los excancilleres Luis Gonzáles Posada y Miguel Ángel Rodríguez Mackay sobre este pronunciamiento. Para el primero de ellos, esta es una “torpe interferencia” de la CIDH “en asuntos de competencia interna del Perú”.
“La Comisión nuevamente se ha extralimitado en sus funciones al pretender influir en asuntos soberanos en nuestro país. El tema de la JNJ es muy delicado”, precisó.
Puntualizó, además, que “esta es una grosera maniobra de la CIDH” puesto que es “un asunto interno y correspondiente al Parlamento investigar, de acuerdo la Carta Magna”. Similar opinión tuvo el exministro Rodríguez Mackay. El exalto funcionario afirmó que esta es una “perturbación al Derecho interno” del país.
“Se trata de un involucramiento en los asuntos internos del Perú, (pero) técnicamente no constituye una injerencia porque no se trata de una organización internacional ni un Estado. (...) A veces se cree que como no constituye una está salvado por la campana, pero no es así. Lo que veo es que, otra vez, hay un prominente sesgo (de la CIDH) al vertir una opinión alejada de la naturaleza del Derecho”, dijo.
El internacionalista también cuestionó que “la CIDH asuma como causa grave y explique que (...) (debe) haber naturaleza de acción punible, es decir, delito” en los señalamientos a los miembros de la JNJ. Consideró que la Comisión “sigue la lectura de algunos abogados en el Perú y no entiende que la Constitución no podría referirse a solamente delitos porque, si de ser así, sería muy difícil que se constituya la eficacia de lo que dice” la Carta Magna.
“Lo mismo pasa con la vacancia presidencial. Para que un dignatario sea vacado no necesita la comisión de un delito”, ejemplificó.
Asimismo, detalló que en el caso de la JNJ la causa grave no solamente es punitiva, sino también cualquier otra conducta que, por su sola existencia, deteriora flagrantemente o menoscaba la integridad y legitimidad de la Junta o de uno de sus miembros. Finalizó, además, considerando que no todos los miembros de la JNJ deberían ser removidos de sus cargos.
“No se quiere entender ello o se quiere adoptar una posición recalcitrante sin pegarse al Derecho. Si la JNJ solo fuera removida por la comisión de un delito, tendríamos que esperar a que pasen los tiempos (...) esperando a que cometan uno. Ese no es el espíritu establecido y consagrado en la Constitución. Causa grave puede ser un delito o una inconducta, una que desligitima a quien ha procedido en ese marco”, explicó.
Respuesta
Para Rodríguez, el escenario más favorable en este caso es emitir la “menor opinión posible”. Detalló que mientras “exista un equilibrio de poderes y la administración de estos asuntos se circunscriba” a la Constitución, “será mejor” reducir las intervenciones y no perturbar el trabajo del Congreso.
Opinión contraria tuvo Gonzáles Posada, quien señaló que “el Gobierno, a través de la Cancillería, debe hacer llegar una nota de firme protesta hasta el Consejo Permanente de la OEA y, en su momento, ante la Asamblea General por estos hechos violatorios a la soberanía interna del Perú”.
