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El reciente respaldo anunciado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales al presidente Pedro Castillo, contra la moción de vacancia que afronta, no tendría un peso político significativo, según la poca transparencia que muestran las gestiones en esas instancias del poder.
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Y es que es relevante la cantidad de gobernadores regionales y funcionarios en prisión, detenidos o con solicitudes de prisión, arresto domiciliario o impedimento de salida solo en el período 2019-2022.
En enero de 2019 iniciaron sus gestiones 25 gobernadores en todo el país pero buena parte de ellos no culminarán sus mandatos.
Actualmente, 19 gobernadores regionales son investigados, de los cuales cinco están en prisión preventiva o sentenciados.
El caso más reciente tiene como protagonista al gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, sindicado por la Fiscalía de un presunto involucramiento en una probable red criminal bautizada como Los Gestores.
Durante al allanamiento a la vivienda de Ochoa, el personal de la Fiscalía encontró S/50 mil soles en efectivo. El funcionario manifestó que el dinero era producto de su trabajo y lo tenía “contante y sonante” porque carece de una cuenta bancaria a su nombre y que el dinero no era, a su juicio, una cantidad significativa puesto que él es un hombre de negocios.
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MÁS EN PRISIÓN
A la fecha, están en prisión cinco gobernadores (ver infografía).
Uno de los primeros en caer fue Juan Carlos Morillo Ulloa, de Áncash, sentenciado a 4 años de prisión suspendida por ocultar información en su hoja de vida ante el JEE de Huaraz. Había omitido dos condenas judiciales.
También están en prisión Elmer Cáceres Llica (Arequipa), acusado de pertenecer a la red delictiva “Los hijos del cóndor” y que tendrá que purgar cárcel preventiva por 24 meses. Se le acusa de ofrecer prebendas a los consejeros regionales con el objetivo de obtener su voto favorable para diversas obras.
Asimismo, Anselmo Lozano Centurión (Lambayeque) tiene arresto domiciliario desde febrero de 2021 a la fecha.
Lozano Centurión y otros 16 implicados son sindicados de haber cometido actos de corrupción durante su gestión como alcalde de La Victoria, en el período 2015-2018.
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Por su parte, Agustín Luque Chayña (Puno) cumple prisión preventiva por 9 meses.
Luque y otros funcionarios habrían encubierto el valor real de la penalidad por retrasos en obra al consorcio encargado de los trabajos en el hospital Manuel Núñez y que era superior a 3 millones de soles.
El quinto es Maciste Díaz Abad (Huancavelica). La sentencia fue anulada en marzo de 2021 por el PJ debido a un vicio procesal y se reiniciará a fojas cero.
Fue condenado en primera instancia a cuatro años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión simple, por una compra irregular de computadoras portátiles realizada en su gestión anterior (2011-2014).
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