Este lunes, Ciro Castillo afirmó que, por disposición judicial, está habilitado como gobernador regional del Callao en funciones y confía en retomar pronto su cargo, tras haber sido impedido de ingresar a la sede esta mañana.
El funcionario dio su primera entrevista televisiva tras permanecer cinco semanas como no habido, luego de que el Poder Judicial le dictara 24 meses de prisión preventiva, medida que fue anulada tras la apelación de su defensa. En ese contexto, aseguró confiar en la justicia.
“Me falta culminar una serie de obras que iba a inaugurar. Confío en la justicia, en la Fiscalía, Poder Judicial, pese a que estamos en una crisis permanente en nuestro país... No debemos socavar las bases de las instituciones tomando actitudes en contra, tomando por asalto instituciones”, declaró a RPP.
Castillo indicó que no puede reunirse con Edita Vargas, gobernadora interina del Callao, para coordinar la entrega del cargo, ya que tiene prohibido hacerlo.
“Estoy prohibido de hacerlo porque una de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico es que las personas involucradas en un mismo caso no pueden comunicarse entre si para la mejor marcha de las investigaciones”, expresó.
Ciro Castillo no logró ingresar al Gore Callao y denunciará a Edita Vargas por usurpación de funciones
El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, no logró ingresar este lunes 2 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar oficialmente sus funciones, tras la anulación de la prisión preventiva que pesaba en su contra.
Castillo permaneció más de una hora en los exteriores del edificio a la espera de autorización para ingresar. En determinado momento, se le informó que solo podría acceder un vehículo con permiso del Consejo Regional, situación que finalmente no se concretó.
Defensa anuncia denuncia contra Edita Vargas
Ante el impedimento, su abogado Humberto Abanto anunció que se presentará una denuncia penal contra la gobernadora regional interina, Edita Vargas, así como contra todos los implicados en lo ocurrido.
Abanto sostuvo que el cierre de una instalación pública constituye una irregularidad y descartó que su patrocinado haya intentado forzar el ingreso. “Vamos a tener que denunciar a ella y a los cómplices de este delito, que además es un delito de usurpación de funciones, violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional”, afirmó para la prensa.
“La aparición del titular elimina la suplencia”
El abogado también remarcó que, tras la decisión judicial, no existe base legal para mantener la suplencia ejercida por Vargas.
“La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho. La aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días”, señaló ante la prensa.
Asimismo, precisó que en ninguna parte de la resolución judicial se calificó a Castillo Rojo como “prófugo” y que la situación de ausencia fue revertida por una decisión de la Sala Penal de Apelaciones, que dispuso cambiar la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.
Credencial en disputa
Abanto fue enfático al señalar que Ciro Castillo sí cuenta con la credencial que lo reconoce como gobernador regional del Callao, a diferencia de Edita Vargas, quien ejerce el cargo de manera interina.
Según indicó, este hecho refuerza la tesis de que el titular del cargo debe reasumir funciones de inmediato tras la resolución judicial favorable.
ANGR respalda anulación de prisión preventiva
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció sobre el caso y respaldó la decisión judicial que anuló la prisión preventiva contra Castillo Rojo.
“La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo impacta la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática”, señaló la ANGR, recordando que estas medidas deben aplicarse de manera excepcional y debidamente motivada.
Tensión institucional en el Callao
Pese a este respaldo, Ciro Castillo no logró retomar sus funciones este lunes, al impedírsele el ingreso a la sede regional. La situación abre un nuevo escenario de tensión política e institucional en el Callao, mientras se esperan las acciones legales anunciadas por su defensa y un pronunciamiento formal del Consejo Regional.
