Por mayoría, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y combatir la criminalidad. El dictamen recibió 20 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El ministro de Justicia, Walter Martínez, indicó durante la sesión que esta delegación permitirá al Gobierno emitir decretos legislativos con medidas concretas para mejorar el control del delito y reforzar la capacidad de respuesta del Estado ante las amenazas criminales.

Si bien la mayoría apoyó el dictamen, varios parlamentarios manifestaron su desacuerdo con su contenido y alcance. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que el Ejecutivo incorporó asuntos que deberían abordarse mediante proyectos de ley en el procedimiento regular, particularmente en materia agraria, educativa y minera.

Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, opinó que se trata de una delegación demasiado amplia, esto podría dar lugar a excesos. Asimismo, advirtió que la tipificación de delitos que abarcan toda la cadena laboral en la minería ilegal necesitaría una mayor precisión legal.

Durante el debate, Adriana Tudela, de Avanza País, cuestionó que el Ejecutivo incluyera en su pedido materias que ya están reguladas por el Congreso o en trámite legislativo. No obstante, reconoció que algunas de las medidas propuestas podrían resultar útiles contra la extorsión, al proporcionar mayores herramientas de inteligencia a la policía.

El Ejecutivo también planteó reemplazar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por una nueva entidad, propuesta que fue rechazada por Muñante, quien la consideró inviable en un gobierno de transición.

Presentado por el Ejecutivo el 20 de noviembre, el pedido abarcaba tres áreas temáticas: seguridad ciudadana y criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Tras evaluaciones y ajustes, el dictamen final aprobado por la Comisión de Constitución contempla 17 medidas económicas, modificadas respecto al texto original, mientras que la Comisión de Economía ya había sugerido excluir algunas de las propuestas del Ejecutivo.

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