Desde el año 2021, la Comisión de Ética ha evaluado 171 denuncias contra congresistas por infringir las conductas del Parlamento Nacional.
De ese universo de casos, apenas 21 denuncias (12%) derivaron en una sanción, de acuerdo con documentación a la que accedió Correo.
Solo en ciertos casos, como en el de Freddy Díaz, por abuso sexual; Enrique Wong, por influir en la contratación de su personal en Enapu (Empresa Nacional de Puertos); y en el de Juan Carlos Lizarzaburu, por ofender con frases misóginas a su compañera fujimorista Patricia Juárez, dicho grupo de trabajo parlamentario ha aprobado una suspensión de 120 días.
Sin embargo, el pleno del Legislativo aún no evalúa el caso de este último, Lizarzaburu, a pesar de que su informe final se aprobó en 20 enero.
Aunque la Comisión de Ética no es todo el problema, es parte importante de él. Y es que los congresistas que la integran modificaron nada menos que 21 informes de calificación elaborados por su secretaría técnica.
RECUENTO
Un caso para recordar es el de Luis Cordero Jon Tay, antes de Fuerza Popular y ahora de Acción Popular. El 9 de diciembre de 2021 fue denunciado por maltrato psicológico contra su expareja, y por otros hechos cometidos en su condición de parlamentario.
La acusación fue aprobada en Ética con el voto mayoritario. Para él se recomendó una suspensión de 60 días con el respectivo descuento de sus haberes. Sin embargo el pleno lo rechazó.
El 25 de marzo de 2022, el ciudadano Luis Alberto Álvarez denunció a Enrique Wong (Podemos Perú) por ejercer influencia en el nombramiento de Manuel Talavera, su asesor principal, como presidente del Directorio de Enapu. Como líneas arriba adelantamos, la sanción fue de 120 días, lo que, no obstante, fue en la práctica una medida excepcional.
Dos meses después, Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) fue acusado por la empresaria Karelim López de ser uno de “Los Niños”, quienes habrían obtenido beneficios y ventajas personales en el gobierno del golpista Castillo, a cambio de blindar a funcionarios del Ejecutivo.
Ética acordó suspenderlo por 120 días, pero tras aparentes acuerdos en el pleno, la sanción quedó archivada.
Lo mismo pasó con su colega de bancada Elvis Vergara. El mencionado grupo de trabajo parlamentario aprobó una sanción para él, pero el pleno archivó la denuncia.
ABUSO SEXUAL
El 2 de agosto del 2022, el congresista Alejandro Soto denunció a Freddy Díaz por utilizar los ambientes de su despacho para libar licor y abusar sexualmente de una trabajadora del Parlamento.
La acusación llegó hasta el pleno, que tras el escándalo lo suspendió por 120 días.
A propósito de Díaz, a Wilmar Elera, entonces tercer vicepresidente del Congreso, se le abrió una denuncia por intentar defenderlo, al referir que el abuso sexual se habría propiciado porque la mujer “laboraba en un espacio de puros hombres”.
Pese a su machista postura, a Elera solo se le impuso una recomendación pública.
A María del Carmen Alva se le aplicó la misma “sanción” por agredir a Isabel Cortez (Cambio Democrático) durante una sesión plenaria.
A Darwin Espinoza también se le castigó con una recomendación pública por llamar tendera a su colega Tania Ramírez (Fuerza Popular).
El 6 de febrero del 2023 Juan Carlos Lizarzaburu fue investigado por burlarse de la bandera de la wiphala, al calificarla de “mantel de chifa”. Se le dictó una amonestación pública.
A Katy Ugarte se le sancionó en Ética con 30 días de suspensión y e descuentos de sus haberes por despedir a su trabajadora embarazada. El pleno la amonestó.
La pesquisa por “mochasueldos” a Magaly Ruíz y a Heidy Juárez acabaron en lo mismo: amonestación.
Otro “lunar” fue el caso por recortes salariales a María Cordero Jon Tay. Se le castigó con 120 días de suspensión. (ver infografía).
Cabe indicar que a los “mochasueldos” Ruíz, Torres, Ugarte, Juárez y Valer, fueron blindados en Ética, tras la variación de las sanciones que en un principio se había planteado para ellos.
Lo mismo pasó con Luis Kamiche, cuando fue denunciado por contratar a su pareja; Patricia Chirinos, por ofender a Betssy Chávez; y Jorge Flores, por intentar sobornar a un hombre de prensa.
Análisis. Al respecto, Alejandro Rospigliosi, abogado y experto en temas parlamentarios, aseguró que en el actual Congreso existe un evidente “encubrimiento desde la Comisión de Ética”.
Indicó que prueba de ello es el presente informe de Correo sobre el porcentaje de sanciones que tiene dicho grupo de trabajo desde 2021 hasta la fecha.
“Hubo expectativa al inicio de la presidencia de Diego Bazán (Avanza País), pero nos decepcionó a los ciudadanos”, opinó.
En ese sentido, planteó que el citado grupo de trabajo legislativo esté formado por personas que conozcan el quehacer parlamentario o que sean excongresistas de la República.
Agregó que para esto es necesario una reforma. “No cabe duda que un colegiado externo, como excongresistas o personalidades deben integrar la Comisión de Ética. Para ello se necesita una reforma constitucional”, puntualizó Rospigliosi.
