La Comisión de Ética del Congreso -que preside el congresista Diego Bazán- concluyó la reciente legislatura (2023-2024) con apenas una sanción: A la “mochasueldo” María Cordero Jon Tay, castigada por el pleno del Parlamento con 120 días de suspensión el 5 de diciembre de 2023.
Así, en un año, lo que ha prevalecido en ese grupo de trabajo ha sido el blindaje, el otoronguismo y el espíritu de cuerpo. La efectividad fue reducida casi a cero, es decir, a uno.
Aunque se pensaba que esta nociva dinámica iba a cambiar bajo la presidencia de Bazán (ahora en Renovación Popular), la verdad es que todo ha sido más de lo mismo.
DE MAL EN PEOR. Cuando asumió Bazán, el caso de la exfujimorista protagonista de audios en los que se le escuchaba exigir hasta el 75% del sueldo a sus trabajadores, no era el único grave. Hubo otros legisladores que también pendían de un hilo.
Un ejemplo claro es el de Katy Ugarte y Luis Cordero Jon Tay, hermano de la suspendida por 120 días. A la primera se le acusó por despedir a su trabajadora embarazada, mientras que al segundo, se le señaló de maltratar a su expareja sentimental.
La Comisión de Ética había decidido suspender a ambos padres de la patria por 30 y 60 días, respectivamente, pero lo paradójico es que cuando los informes llegaron a ser debatidos en la máxima instancia del Legislativo, los casos se cayeron.
En otras palabras, se varió la sanción de Ugarte a amonestación y en el caso de Cordero Jon Tay, se rechazó la suspensión.
Sin ir muy lejos, cuando Ética aprobó el caso de Luis Cordero Jon Tay, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) votó a favor de la suspensión, un sector de Fuerza Popular (FP) se abstuvo y Acción Popular (AP) apoyó la sanción.
No obstante, cuando el caso se debatió en el pleno, todo cambió: APP se abstuvo, parte de FP votó en contra y AP lo rechazó. Similar situación pasó con Ugarte.
¿Las bancadas muestran un rostro en la comisión y otro en el pleno?.
Blindaje a la vista. Una revisión realizada por Correo permitió identificar que desde que Diego Bazán asumió la jefatura de la Comisión de Ética hubo por lo menos 10 legisladores que fueron blindados.
Uno de los más beneficiados fue Alejandro Soto, el presidente del Congreso, que arrastra investigaciones fiscales y ha sido duramente criticado por su pésima gestión.
En 2023, la Comisión de Ética declaró infundada las denuncias que lo señalaban de haber votado a favor de una ley que permitió archivar un proceso penal suyo por estafa y por contratar a Yeshira Peralta Salas, tía de su hijo.
Además, Soto tiene una indagación pendiente en la Fiscalía por el Caso Fábrica de Trolls, en el que utilizó recursos de sus trabajadores para vapulear a sus adversarios políticos.
De hecho, de acuerdo al colaborador eficaz Jaime Villanueva, Soto pidió apoyo a Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación para archivar dicha denuncia. Sobre este caso, Ética no hizo nada.
Otro de los involucrados en esta lista es María Acuña. La legisladora de APP fue denunciada por recortarle el sueldo a sus trabajadores.
La fecha se remonta a inicios de diciembre pasado cuando la Comisión de Ética abordó la denuncia y decidió declararla infundada con el apoyo de 12 congresistas.
Un extrabajador de Acuña, de nombre Carlos Herrera, señaló que cuando trabajaba para la legisladora llegó a depositar grandes cantidades a la parlamentaria.
En el caso de Hilda Portero debemos aclarar que en una sesión de ese grupo de trabajo las trabajadoras Emely Silva y Flora Chávez indicaron que fueron quienes compraron por lo menos una silla con sus propio dinero “por la noble labor que desempeñaba la parlamentaria”. En esa misma fecha, la Comisión de Ética declaró infundada la denuncia que la señalaba de haber exigido dinero a sus trabajadores para realizar donaciones de sillas de ruedas, según Cuarto Poder.
Todos los recursos habrían servido para hacer efectivo los donativos y desarrollar campañas sociales a su nombre.
Sobre Digna Calle la situación es similar. A inicios de diciembre de 2023, el grupo que dirige Diego Bazán aprobó por mayoría una amonestación escrita contra Calle Lobatón, denunciada por abandono de cargo al permanecer 415 días en Estados Unidos.
El grupo consideró que esa benigna sanción era suficiente para la parlamentaria ausente en 172 votaciones electrónicas en el pleno y en otras 310 votaciones (ver infografía).
De igual modo, a Rosselli Amuruz se le amonestó por escrito y se le descontó 60 días de sus haberes por no dar cuenta sobre si organizó o no la fiesta del excongresista Paúl García, en el que falleció el comunicador Christian Tirado.
En aquella sesión la legisladora estuvo incómoda por la sanción y antes de salir abruptamente de la comisión dijo: “Espero que sea igual con los ‘mochasueldos’, presidente (Bazán). A ver si usted en sus fiestas…”.
composición. En los últimos días, la Comisión de Ética ha recibido duras críticas por incluir a Kelly Portalatino (Perú Libre) en reemplazo de Margot Palacios.
Portalatino es investigada de forma preliminar, en la misma Ética, por presuntamente encargar a sus trabajadores conseguir afiliados para la organización que lidera el prófugo Vladimir Cerrón.
Otro que integra la comisión es Luis Cordero Jon Tay, que fue investigado por integrar una aparente red de espionaje que iba a servir de elemento para que Pedro Castillo, entonces presidente, vapulee a sus rivales políticos.
En el grupo también se encuentra Maria Taipe, que tiene como esposo a una persona que estafó con 800 mil soles a una empresa, y Cheryl Trigozo, a quien la Fiscalía abrió indagación preliminar por realizar actvidades artísticas en horario laboral.
Las únicas sanciones que aprobó la comisión fueron contra Jorge Flores Ancachi (120 días), Katy Ugarte (60 días) y Raúl Lizarzaburu (120 días) pero el pleno terminó el periodo anual sin colocarlos en la agenda.
