Comisión de Fiscalización alista citación a Carlos Jaico

Al mismo estilo de los encuentros producidos en el pasaje Sarratea, Breña, resultó siendo la reunión oculta entre el secretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico Carranza, con representantes de la empresa Repsol fuera de Palacio de Gobierno. Dicha reunión, revelada por la Unidad de Investigación de Latina, ocurrió el pasado lunes 24 de enero en la sede de la embajada de España, con presencia del propio embajador Alejandro Alvargonzález.

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Repsol, como se sabe, está directamente involucrada en el derrame de más un millón de litros de petróleo en el mar de Ventanilla, ocurrido el 16 de enero, y que se ha extendido en más de 140 kilómetros de la costa del Perú.

Según informó el programa periodístico, el presidente Pedro Castillo no habría conocido del encuentro sino hasta el día siguiente, cuando recibió, en Palacio, al propio embajador español en Lima, quien le habría dado cuenta de la cita que sostuvo con Carlos Jaico. La reunión no fue transparentada en los canales oficiales del Gobierno.

Más tarde, la empresa Repsol confirmó la cita entre el secretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico y representantes de la multinacional en la embajada de España a fin de “escuchar las quejas y exigencias de la administración peruana, con vistas a discernir mejor los mecanismos que permitan canalizar el pago de las indemnizaciones” sobre el derrame de petróleo en el litoral peruano.

EN LA MIRA. Desde el Congreso, se viene preparando una citación al secretario del Despacho Presidencial para que explique todo lo relacionado al aparente encuentro sospechoso que tuvo con los representantes de la empresa Repsol.

En diálogo con Correo, el integrante de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Avanza País), informó que ha llegado un pedido a dicho grupo de trabajo para citar a Jaico.

“El tema lo vamos a ver en sesión ordinaria, pero vamos a citarlo. (...) Hay sesiones de comisión investigadora y otras de ordinarias. (...) Hay un pedido de citar al señor Carlos Jaico en la Comisión de Fiscalización, que recién se va a evaluar”, reveló a Correo.

Consultado sobre el clandestino encuentro, Burgos respondió que este tipo de reuniones debería desarrollarse en Palacio de Gobierno, específicamente en el Despacho Presidencial, con el fin de despejar dudas y tener garantía de transparencia.

“Todas las reuniones deberían hacerse en el Despacho presidencial, pero esas reuniones que son realizadas fuera de las instituciones públicas son muy sospechosas y, sobre todo, si se hace con una empresa que ha dañado el medio ambiente”, manifestó Burgos.

Del mismo modo, la legisladora de Fuerza Popular, Martha Moyano, precisó que la comisión de Fiscalización, la cual integra, deberá sesionar para tratar este tema con urgencia. Dijo que Héctor Ventura (FP), titular de este grupo de trabajo, deberá citar a los legisladores de la citada comisión.

“Luego, deberá enviar una comunicación a la sesión del pleno informando que todos los miembros de la Comisión de Fiscalización están reunidos (para ver el tema). Esa es parte reglamentaria”, refirió Moyano, teniendo en cuenta de que Fiscalización sesiona los miércoles. Justamente, el Pleno del Congreso sesiona ese día.

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OPINIONES. Consultado sobre el tema, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, señaló que Carlos Jaico puede ser investigado en el Ministerio Público por el delito de encubrimiento real, sostener una reunión que no ha sido transparentada por Palacio de Gobierno

“No es regular que el secretario general del presidente de la República se reúna en una embajada con funcionarios de una empresa investigada por daños ambientales. ¿El secretario tuvo la autorización del presidente de la República o lo hizo a título personal? Como secretario tiene la obligación de informar y rendir cuentas al presidente de con quien se va a reunir”, dijo Amoretti Pachas a Correo.

“Si se reunió de manera clandestina, sin conocimiento del mandatario, tiene que ser objeto de una investigación y sanción. Se tiene que verificar qué conversaron, cuál fue el motivo de la reunión. Estos hechos podrían catalogarse como encubrimiento real: reunión con personas que han cometido delito, con qué finalidad de ayudarlos, adulterar las pruebas o impedir que se investigue”, dijo Amoretti, quien precisó que este delito está penado con 4 años de prisión, según el Código Penal.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio criticó que la reunión se haya producido fuera de Palacio de Gobierno.

“Es cuestionable que el secretario de Palacio de Gobierno, que representa al presidente de la República, haya ido a la embajada, cuando en realidad los funcionarios de la empresa han debido acercarse a Palacio, porque una cosa es la autoridad de un país y otra son las relaciones de buena voluntad. Desde el momento que el secretario acuda a la embajada, está perdiendo algún nivel de autoridad, porque se trata del secretario de Palacio de Gobierno”, dijo Lamas.

“En todo caso, Repsol que es la empresa que ha agraviado al Estado debería ser la primera en acudir a Palacio de Gobierno para solucionar este tema”, opinó.

Por su parte, el penalista Andy Carrión remarcó que la reunión de Carlos Jaico con representantes de la empresa podría ser un indicio de un acto ilícito si hay otros elementos para abrir una investigación. “La sola reunión no podría constituir un acto ilícito, pero tendríamos que ver los actos posteriores sobre, por ejemplo, un presunto favorecimiento a la empresa”, dijo Carrión.

Sobre la investigación que realiza el Ministerio Público contra cuatro representantes de Repsol -entre ellos su gerente general, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena- Carrión cuestionó a la fiscalía porqué no ha incluido a la empresa como persona jurídica en el proceso penal.

“Según el artículo 105 del Código Penal, la fiscalía está facultada para incorporar a la empresa Repsol en el proceso penal y solicitar medidas cautelares ante el juez. Dentro de esas medidas, se puede pedir la suspensión de las actividades de la empresa. Pero la fiscalía no lo ha hecho”, advirtió.

Como se sabe, el Poder Judicial impuso 18 meses de impedimento de salida del país para Fernández-Cuesta así como Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.

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