La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por unanimidad el proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, estableciendo medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
Como se recuerda, en el 2019, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría y dejó sin efecto las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa, es decir, aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen.
A consideración de la Contraloría, esto imposibilitó el ejercicio que tiene para sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido o incurran en inconducta funcional, lo que constituía “una seria afectación a la lucha contra la corrupción y la impunidad administrativa”.
Este proyecto deberá pasar al pleno del Legislativo, ser debatido y sometido a votación para su aprobación. Así lo informó La República.
Además, el grupo de trabajo en su sesión del último miércoles aprobó el dictamen por el que propone una ley que crea el Registro para el Control de Contratos de Consultorías del Estado, para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en entidades públicas.