Comisión de Fiscalización recomienda acusar constitucional al presidente Pedro Castillo

Luego de más de seis meses de investigación, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso tiene listo el informe final sobre los actos de corrupción que habría cometido el actual Gobierno del presidente Pedro Castillo.

De acuerdo al documento de 362 páginas al que accedió Correo, se recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por incurrir, presuntamente, en los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por diferentes casos en los que está involucrado.

El texto será debatido hoy a las 3 de la tarde en una sesión del mencionado grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular).

RECOMENDACIÓN

Sobre el denominado caso Puente Tarata III, el informe sostiene que está comprobado que el presidente Castillo, su exsecretario Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva, los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López, “estuvieron relacionados para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor de diversas empresas; hubo entre ellos una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas”.

Por ello se propone a la Comisión Permanente formular una acusación ante el pleno del Congreso contra el presidente Castillo por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible. Por los mismo cargos se recomienda acusar al exministro Juan Silva Villegas (MTC).

Sobre las presiones que recibió José Vizcarra, excomandante general del Ejército, para los ascensos de algunos coronales, Fiscalización recomienda acusar al presidente Castillo por tráfico de influencias y negociación incompatible. Los cargos antes mencionados alcanzan a Walter Ayala, quien ejercía como ministro de Defensa en esa oportunidad.

Por otro lado, el informe concluye que el presidente Castillo transgredió la Ley N° 28024 por las reuniones secretas que tuvo en la casa de Sarratea en Breña altas horas de la noche, lugar al que llegaron ministros, políticos y empresarios.

Al respecto, Fiscalización recomienda formular una acusación constitucional por organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Lo mismo para los exministros Silva y Carrasco (Defensa). Este último fue captado ingresando al domicilio de Breña el 19 de noviembre por la noche.

INFRACCIÓN

El cuarto caso tiene que ver con los mensajes de WhatsApp que envió el exsecretario Bruno Pacheco a Luis Enrique Vera, superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ejerciendo presiones para favorecer a determinadas empresas y amigos.

Sobre este hecho, la Comisión de Fiscalización destaca que la lobbista Karelim López declaró el 27 de abril ante la Fiscalía que presenció una discusión entre el presidente Castillo y Pacheco.

“(Karelim López) afirmó sobre una discusión nuevamente entre Arnulfo Bruno Pacheco y José Pedro Castillo Terrones, referida a los pedidos realizados para beneficiar a la empresa Deltron y sobre el pedido de la designación del martillero de la Sunat, quedando evidenciado que entre ambos personajes hay una suerte de pelea en la que se piden o exigen algo”, se lee en el documento.

Es decir, advierten que el mandatario estaba al tanto de los negociados de su exsecretario.

Por ello, recomiendan remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso las denuncias contra el presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, así como por la infracción de los incisos 1, 3, 4 y 8 del artículo 118 de la Constitución.

Cabe precisar que este artículo establece que el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales.

ANÁLISIS

En diálogo con Correo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, dijo a Correo que de los cuatro casos que se le acusa al presidente Pedro Castillo por parte de la Comisión de Fiscalización, solo el de las presuntas injerencias sobre el jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, podría tener “consecuencias inmediatas” para el mandatario y que, incluso, podrían derivar en una suspensión en el cargo.

“En ese caso (Sunat), la comisión de Fiscalización le estaría atribuyendo infracción a la Constitución que podría generar consecuencias inmediatas hasta la inhabilitación o suspensión en el cargo. Primero, el trámite es que el caso se deriva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucional para abrir un proceso de acusación constitucional contra el presidente de la República”, explicó Urviola.

Precisó que la SAC, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso, realizará otras diligencias sobre el caso y llamaría al jefe de Estado junto a su abogado para que hagan uso de su derecho a la defensa.

En los otros tres casos -Fuerzas Armadas, Puente Tarata III, Sarratea-, Óscar Urviola consideró que tendrían que esperar hasta que concluya al mandato presidencial, en atención del artículo 117 de la Constitución que establece que el presidente, como alto funcionario, solo puede ser acusado bajo cuatro supuestos.

Estos son: traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento.

“En los otros tres casos, la comisión de Fiscalización ha realizado una investigación preliminar y remite a la Fiscalía de la Nación todo lo actuado para continuar la investigación. Pero no se puede presentar denuncia constitucional por delitos como organización criminal o tráfico de influencias porque ello no está contemplado en el artículo 117 de la Constitución”, dijo el extitular del TC.

En esa línea, concluyó que, solo al término del mandato de Pedro Castillo, se reactivarán las investigaciones en su contra por los casos Puente Tarata III, Fuerzas Armadas y Pasaje Sarratea.

El último lunes, el mandatario no recibió en Palacio de Gobierno a la comisión de Fiscalización para que declare por las presuntas irregularidades durante su gestión.

En vez de ello, Castillo prefirió viajar oportunamente a Huancavelica para un encuentro con la población de Carhuapata.