El Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen promovido por Perú Libre que aclara la aplicación de la Ley 31751, más conocida como la ‘Ley Soto’. Esta ley, que modifica la suspensión del plazo de prescripción, ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial.
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El apoyo al dictamen provino principalmente de los legisladores de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP). Sin embargo, esta decisión ha sido controversial, ya que la Corte Suprema había calificado previamente la ley como “desproporcionada” e “inconstitucional”, instando a los jueces a no aplicarla.
La aprobación en el Congreso desafía directamente la postura de la Corte Suprema, creando una situación de incertidumbre sobre la aplicación de la ley. La ‘Ley Soto’ ha sido objeto de críticas por considerarse un instrumento que podría facilitar la impunidad en casos de corrupción y otros delitos graves.
El nombre de la ley se deriva del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien se habría beneficiado de sus disposiciones para evitar una condena por presuntos delitos de estafa y falsedad genérica. Además de Soto, figuras destacadas como el expresidente Martín Vizcarra, el exjuez supremo César Hinostroza, el exdirigente de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia, han sido señalados por utilizar o invocar esta ley en sus casos legales.
La ley ha sido ampliamente criticada por sectores que la consideran un mecanismo para evadir la justicia. La Corte Suprema había advertido sobre los peligros de su aplicación, señalando que podría socavar la integridad del sistema judicial peruano.
El futuro de la Ley 31751 ahora depende de la segunda votación en el Congreso y de posibles desafíos legales que puedan surgir. La tensión entre el Congreso y el Poder Judicial sigue en aumento, con implicaciones significativas para la política y la justicia en el país.
Mientras tanto, el debate sobre la ‘Ley Soto’ continúa, con fuertes opiniones a favor y en contra, reflejando la profunda división en la sociedad peruana sobre cómo abordar la corrupción y la impunidad.
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