El pleno del Congreso aprobó por mayoría este viernes la acusación constitucional contra Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de más de 1 millón de pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19. La acusación incluye también una solicitud de inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.
La decisión fue adoptada tras una votación en la que se requirieron 50 votos a favor, la mitad más uno del número legal de congresistas, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente, que previamente aprobó el informe final. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), presidió la sesión plenaria.
El informe fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, y el ponente Jorge Montoya. Durante su exposición, Montoya explicó que se había corroborado que Zamora omitió sus funciones al permitir la continuación de actos administrativos irregulares en la compra de 1′400,000 pruebas rápidas, además de su deficiente gestión en la crisis del oxígeno durante la emergencia sanitaria.
Zamora, por su parte, se presentó ante el Congreso para rechazar las acusaciones. En su intervención, negó los cargos y consideró que se trataba de un juicio político sin fundamento, argumentando que la acusación carecía de pruebas y buscaba deslegitimar el trabajo de los miles de profesionales que se enfrentaron a la crisis. Aseguró que la acusación respondía a un intento de silenciar a quienes, como él, eran considerados incómodos y distraer la atención de problemas más graves.
El informe final sostiene que Zamora incumplió su deber como titular del Ministerio de Salud al no supervisar correctamente la ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020 entre el 20 y el 29 de marzo de 2020.
Este decreto estaba destinado a regular la compra de las pruebas rápidas, pero el exministro permitió que se continuaran realizando actos administrativos irregulares. Además, se le atribuye la publicación, el 30 de marzo de 2020, de la resolución ministerial 139-2020-MINSA, que avaló las adquisiciones irregulares de las pruebas.
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