La investigación en contra de la excongresista Yesenia Ponce, quien presuntamente consignó información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida, finalizará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en cinco días hábiles, plazo que tiene el titular del grupo de trabajo, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), para presentar su informe final.
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A Ponce se la denunció por presunta infracción del artículo 38 de la Constitución Política, y por la probable comisión de los delitos de cohecho activo genérico (artículo 397 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 400 del Código Penal), falsificación de documentos (artículo 427 del Código Penal) y falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal).
El último viernes se realizó una audiencia pública en la cual Guerra García explicó que el caso Yesenia Ponce data desde 2018 cuando la Comisión de Ética aprobó el informe que declara fundada la denuncia contra la exparlamentaria y luego fue la entonces presidenta de esa comisión especial, Janet Sánchez Alva, quien presentó la denuncia.
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Los fundamentos que sustentan la acusación contra la excongresista están en el hecho que ella -a través de terceros- tramitó un depósito bancario de 10 mil soles a la cuenta del ahora exdirector de la Institución Educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, a cambio de la elaboración de falsos certificados de estudios de educación básica.
Además, se le atribuye a la exlegisladora quien -a través de terceros- ha enviado dádivas tanto al expresidente de la Comisión de Ética como para uno de sus trabajadores.
De acuerdo al acta de constatación de la Comisión de Ética, fue el pasado 17 de enero de 2017, que la promotora del instituto Educativo Niño de Belén dijo no reconocer el certificado de estudios número 46486 “porque sería imposible que durante los años 1995 y 1996 alguien hubiese estudiado secundaria en ese colegio debido a que no tenía autorización de funcionamiento para el nivel secundaria”.
En su momento, la excongresista Yesenia Ponce replicó que la referida denuncia -y otras acumuladas sobre los mismos hechos- se encuentra en la Segunda Fiscalía en lo Penal.
“Hago ejercicio de mi derecho al silencio porque estoy en Áncash y las investigaciones siguen en Huaraz, Puente Piedra y ahora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Creo que esta investigación debería seguir su curso en el Ministerio Público”, arguyó Ponce.
Luego, la congresista y presidenta de la subcomisión, Rosio Torres Salinas (Alianza para el Progreso), notificó al congresista Hernando Guerra García que se le concede el plazo de cinco días hábiles para presentar su informe final.