Congreso irá al TC por cuestión de confianza

El presidente Pedro Castillo decidió agitar las aguas del Congreso, pero este las ha contestado. Con una aplastante votación, terminará ayer interponer una demanda competencial y una medida cautelar contra el Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC).

Su intención es que el máximo intérprete de la Carta Magna rectifique la interpretación del jefe de Estado, quien considera que hubo un “rehusamiento expreso” de la cuestión de confianza que presentó su gobierno -lo que tendría al Legislativo al borde de una eventual disolución , si negase una segunda-, aunque el Parlamento no lo hizo, sino que la rechazó de plano por improcedente. La diferencia es que no hubo votación en el Pleno, requisito establecido por, precisamente, el TC.

Las bancadas de centro y de derecha, e incluso las de izquierda, se unieron para defender su fuero.

La mayoría opinó que era necesario interponer la demanda de competencia.

Los ánimos, sin embargo, no fueron los mismos desde otro flanco: Un reducido grupo de Perú Libre y de Perú Bicentenario insistió en que no era apropiado. Ellos se oponen sin argumentar razones.

Como resultado final, 98 congresistas votaron a favor de la propuesta, solo 10 en contra y cuatro se abstuvieron.

La sorpresa la dio, nuevamente, la bancada de Perú Libre, que por la mayoría respaldaron la propuesta de demanda. Solo Alex Flores y Jaime Quito se expresaron en contra, mientras que Janet Rivas se abstuvo. El resto de la bancada apoyó la causa.

Recordemos que Correo reveló hace unos días que al interior de dicho grupo parlamentario hay un cisma producto de la postura a favor de Waldemar Cerrón, Flavio Cruz y Margot Palacios sobre la denuncia constitucional a Castillo que interpuso la fiscal de la Nación.

La única bancada que se opuso en bloque fue Perú Bicentenario. Ellos consideraron que la demanda no era oportuna, que no tenía base jurídica y que todavía era prematura. Alegaron que no había ataque alguno desde la Presidencia al Congreso, y menos la intención de un cierre Legislativo.

En las próximas horas el Legislativo haría oficial la interposición de la demanda en el TC para que dilucida la controversia.

mensaje oculto. La polémica comenzó cuando el jefe de Estado interpretó entre gallos y media noche -en su mensaje a la Nación del 24 de noviembre- que el Parlamento denegó la confianza a su equipo ministerial, por lo que correspondía reformular el Gabinete que presidía Aníbal Torres.

“”Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de ‘rechazo de plano’, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien agradezco su preocupación y el trabajo del país, renovaré el Gabinete”, anunció aquella fecha.

La interpretación despertó la preocupación de algunos legisladores, quienes tomaron las palabras del mandatario como amenaza de un eventual cierre del Congreso.

Ante las constantes críticas, al día siguiente, el 25 de noviembre, la Junta de Portavoces celebrada -con el apoyo de Perú Libre- agendar la interposición de una demanda competencial.

DEBATE

La sesión plenaria de ayer comenzó media hora después de la hora pactada. La Mesa Directiva la convocó para las 4:00 pm, pero empezó a las 4:30 pm porque los legisladores tardaron en llegar al Parlamento.

Ya en el debate, el primer congresista en tomar la palabra fue José Balcázar (Perú Bicentenario). Él disintió del fondo y de la forma de la demanda al considerar que aún era prematuro. Quiso extenderse en una explicación más técnica, pero su tiempo era corto. Solo aclaró que se oponía a la causa.

Cuando María del Carmen Alva (Acción Popular) intervino, recordó que desde que comenzó su gestión como titular del Parlamento percibió que el Ejecutivo tenía una intención: cerrar el Congreso.

“Buscan convocar a una asamblea constituyente para modificar las reglas de la Constitución. El presidente ha amenazado con el cierre legislativo en distintos eventos (...) y no podemos seguir siendo ingeniosos”, detectaron.

Alejandro Muñante (Renovación Popular), con un ejemplar de la Constitución en la mano, explicó que la Carta Magna faculta al presidente Castillo a disolver el Legislativo si este negó dos veces la confianza. Aclaró que eso no ha ocurrido hasta ahora.

“Ahí dice que las cuestiones de confianza se niegan cuando se vota”, precisó.

En un ataque de enfado, el legislador Pasión Dávila, sin algún argumento, minimizó la demanda competencial. Dijo que el Congreso debería actuar recién cuando el Ejecutivo realice una acción; es decir, cuando lo cierre.

Él fue el único de su bancada que votó en contra.

Alejandro Cavero (Avanza País) fue consecuente con sus posiciones pasadas. El legislador opinó que la demanda competencial sirvió para dilucidar la controversia que actualmente hay por la confianza, y si el jefe de Estado incurrió en alguna infracción a la Constitución al opinar que hubo rehusamiento en el Parlamento.

“La demanda competencial servirá para dilucidar la controversia y, finalmente, se puede determinar si el trabalenguas que dio el presidente en el mensaje a la Nación fue, o no, una abierta violación a la Constitución al aplicar una figura que no está estipulada en el Reglamento”, agregó.

Arturo Alegría, de Fuerza Popular, opinó igual.

Su colega José Jerí, de la bancada de Somos Perú, había adelantado que iban a votar a favor de la demanda para defender la institucionalidad del Legislativo. “Vamos a estar de lado de la legalidad y en defensa de la posición del Congreso”, aseguró.

José Cueto, de Renovación Popular también anticipó que la posición de su bancada era apoyar la demanda. Ayer se limitó a confirmarlo durante el debate.

Carlos Anderson (no Agrupado), a su turno, aseveró que el Ejecutivo quiere interpretar el rechazo de plano de la Mesa Directiva a su antojo, como si fuera una negación fáctica.

“Necesitamos una medida cautelar, porque el Ejecutivo, con esa interpretación írrita, falsa, ilegal, deja en claro que su intención es cerrar el Congreso de manera inconstitucional”, refirió.

Ruth Luque, de Cambio Democrático, solicitó que se precisara sobre qué hechos “centrales va a versar la medida cautelar, porque se plantea sobre situaciones inminentes y claras, sobre riesgos y amenazas”.

Janet Rivas, de Perú Libre, por el contrario, se opuso. Fue uno de los dos legisladores que votaron en contra de la demanda. Intentó culpar del caos a la Carta Magna actual, elaborada durante el gobierno del recluido expresidente Alberto Fujimori.