Recorrido por San Juan de Lurigancho a raíz de la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana. Foto:  Jesús Saucedo /@Photo.gec
Recorrido por San Juan de Lurigancho a raíz de la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana. Foto: Jesús Saucedo /@Photo.gec

El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de segundad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia, por el plazo de 90 días calendario.

La propuesta fue aprobada con 70 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, según el tablero digital y exonerada de la segunda votación.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado (FP), sostuvo que “el tema de inseguridad ciudadana nos compromete a todos. Hoy hubo una marcha al Congreso y todas vienen al Parlamento y no al Poder Ejecutivo, porque aquí están sus representantes, porque esta es la verdadera representación nacional”.

“Pero, entendiendo el interés nacional, esta verdadera representación va a entregar herramientas a la señora Dina Boluarte, para que aplique su plan en defensa de los ciudadanos”, señaló.

Seguridad ciudadana

En lo que respecta a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, el dictamen aprobado propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Entre otros, se busca fortalecer la lucha contra la extorsión, estafa, fraudes y otros delitos a través de la aprobación de medidas y modificatorias al marco normativo, con la intención de prevenir y hacer frente a la ciberdelincuencia, en irrestricto respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los principios de igualdad ante la ley, razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, actualizar el marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos, principalmente lo regulado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

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