La Contraloría advirtió que si el Tribunal Constitucional (TC) corresponde a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que sanciona firmemente la corrupción e inconducta funcional en entidades públicas, esto significaría una grave amenaza a la lucha contra dicho flagelo.
En un comunicado, se indicó que el TC evaluará en una audiencia este 24 de agosto la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo durante el final de la gestión de Francisco Sagasti.
Este recurso atenta contra la ley N°31288, que faculta a la Contraloría para sancionar ante 32 casos de faltas administrativas detectadas en funcionarios públicos.
En caso el TC le de la razón a esta demanda, la Contraloría advierte que sería un “lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente la corrupción”.
“Las graves consecuencias de una sentencia a favor de la inconstitucionalidad de la Ley N°31288, implicarían no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados, los cuales serían enviados al archivo, sino también, que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad”, aseveró.
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