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La decisión de suspender las investigaciones preliminares abiertas contra el presidente Pedro Castillo hasta el término de su mandato aún genera críticas y cuestionamientos desde diversos sectores contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El exministro de Justicia Víctor García Toma señaló que el artículo 117 de la Constitución contempla que el presidente de la República no puede ser acusado. No obstante, indicó que la investigación preliminar corresponde a una etapa anterior en la que se realizan diligencias para el acopio de indicios, pruebas, testimonios, “que son sumamente importantes para que posteriormente” las pesquisas puedan concluir en una acusación.
“El tiempo que va a transcurrir es posible que conspire contra un correcto ejercicio del Ministerio Público y, en segundo lugar, no resulta nada desdeñable imaginar que el presidente no se va a quedar tranquilo. Es decir, tiene cuatro años y medio para que de alguna manera, de ser el caso, obstruir la justicia porque evidentemente si existiera una responsabilidad no va a esperar pasivamente a que esta se verifique en la práctica”, dijo a Correo.
García Toma sostuvo, dada la suspensión de las investigaciones, la imagen del mandatario va a estar acompañado de un halo de sospecha, duda o incertidumbre. “La impresión que da en relación a la forma en cómo ha ejercido su cargo la Fiscal de la Nación es que no tiene ningún interés en avanzar en esta investigación”, señaló.
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A su vez, la exprocuradora Katherine Ampuero sostuvo que la fiscal Ávalos hizo “una actuación antojadiza” al suspender las pesquisas con el fin de “encubrir” al presidente de la República. Recalcó que la norma procesal señala que una investigación preliminar tiene por objetivo realizar “actos urgentes y necesarios” para asegurar el material probatorio e impidan que las pruebas desaparezcan o sean destruidas.
“En ese sentido, la fiscal de la Nación lo que ha hecho es claudicar a su labor de investigación, de titular de la acción penal. (...) Qué sentido tiene abrir investigación para no investigar nada, es un absurdo”, indicó.
Ampuero también manifestó que será la Fiscalía Provincial la que continúe a cargos de los casos con funcionarios de mandos medios y empresarios. Sin embargo, precisó que no se podrá realizar ningún acto de investigación vinculado o relacionado con el jefe de Estado; así como disponer del levantamiento de su secreto bancario o de las comunicaciones.
“Si, por ejemplo, se toma la declaración de un testigo no se le va a poder preguntar acerca del presidente de la República, porque la única que tiene competencia para ello es la fiscal de la Nación”, acotó.
