Duras críticas ha recibido la última visita de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Trujillo, ciudad a la que llegó para participar en el segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
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El jueves, la mandataria anunció una serie de acciones para combatir la inseguridad ciudadana en Lima y el resto del país, pero no ofreció acciones concretas para La Libertad, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado y la delincuencia común.
Posiciones
“[La presidenta] no hizo una oferta o un anuncio concretos para la región [La Libertad]”, lamentó el exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Miguel Rodríguez Albán.
El también docente y experto en gestión pública indicó que pese a que el gobernador regional, César Acuña, es un “aliado” de la mandataria, “no ha logrado nada concreto en materia de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.
“La región requiere un liderazgo claro de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, además de un gobierno regional y municipios con políticas y proyectos concretos en la lucha contra la inseguridad”, agregó.
A los cuestionamientos de Rodríguez Albán se sumó el alcalde distrital de Casa Grande, John Vargas Campos, quien dijo que la visita de Boluarte Zegarra le ha dejado “nada”. “No me deja nada concreto para mejorar la seguridad ciudadana”,enfatizó luego.
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Para el también exburgomaestre de Ascope, provincia a la que pertenece Casa Grande, la presidenta cometió un error grave en su paso por Trujillo: no escuchar a los gobiernos locales.
“Estamos como en la pandemia de la Covid-19, cuando [las autoridades nacionales] venían y se reunían en el gobierno regional sin escuchar a los alcaldes, que son los que están más cerca de la población y viven el día a día con ella”, expresó.
Según la autoridad edil, Casa Grande tiene una población de 37 mil habitantes y solo 36 policías prestan servicio en esta jurisdicción. Es decir, hay un agente por cada mil pobladores [el estándar internacional considera uno por cada 250].
“De esos 36, 26 prestan servicio en Casa Grande y 10 en [el anexo de] Roma”, precisó.
Esta situación se agudiza por la falta de unidades vehiculares. El burgomaestre aseguró que su distrito cuenta solo con un patrullero, el mismo que tuvo que ser reparado con fondos del municipio para que siga funcionando.
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“En Casa Grande una niña fue asesinada el año pasado y hasta ahora no se sabe quién la mató. Aquí se hace lo que se quiere; no tenemos policía de inteligencia ni de investigaciones”, señaló.
Quien también cuestionó duramente a Boluarte Zegarra fue el alcalde de El Porvenir, otro de los distritos más golpeados por la delincuencia y donde operan algunas de las más avezadas organizaciones criminales de la región.
Juan Carranza Ventura dijo que agradece la visita de la presidenta, pero “cuestiono que no haya traído [a Trujillo] ofrecimientos concretos”. “Necesitamos más agentes, inteligencia artificial, más operativos, pero nada de eso ha dicho”, señaló.
El Porvenir, aseveró el burgomaestre, cuenta con solo dos comisarías y el número de agentes policiales no supera los 200 para una población de 234 mil habitantes. “Somos uno de los cuatro distritos del país con más índice delincuencial, pero tampoco tenemos policía de inteligencia. Tenemos, además, una presidenta que no cumple”, afirmó.
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Dudas
Uno de los anuncios que hizo Dina Boluarte fue la aprobación de los Decretos Legislativos 1573 y 1574. Si el primero modifica el Código Penal y establece que el Poder Judicial podrá expulsar a extranjeros después de cumplida la pena por delitos graves, el segundo varía el plazo para el Control de Identidad Policial de ciudadanos extranjeros, de 4 a 12 horas.
“Ambas son medidas acertadas, pero nos preguntamos cómo se van a ejecutar para tener resultados positivos”, comentó el coronel (r) Roger Torres Mendoza, exjefe de la Tercera Macro Región Policial.
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