Cuestionan propuesta del Gobierno para incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado

El 26 de noviembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, le envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con un proyecto de ley denominado “Ley que establece la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos del Estado”, a fin de que este pueda ser sometido a consideración del Parlamento, sin embargo, para la abogada Mónica Yaya, la propuesta es “una tomadura de pelo”.

“Este proyecto es una tomadura de pelo. Se le paga S/36 mil mensuales a los ministros para que nos tomen el pelo con una ley que busca poner cláusulas en los contratos que no se rigen por la ley de contrataciones del Estado”, sostiene Yaya.

En diálogo con Correo, la expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, destaca que el proyecto del gobierno expone en sus motivos que la ley es para evitar que el poder público tenga privilegios, sin embargo, las cláusula que ya existen no evitan los actos de corrupción.

“¿Acaso los contratos que tienen esas cláusulas evitan que los ministros tengan esos privilegios? Tenemos el caso de María Antonieta Alva, Aníbal Torres, Pedro Francke”, dijo. Yaya recordó que las normas ya están dictadas, pero lo que falta es sancionar a los más poderosos.

ARGUMENTOS

La propuesta del gobierno tiene por objetivo incorporar cláusula anticorrupción en los contratos sujetos a los regímenes especiales de contratación pública, así como los contratos que están excluidos de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. La finalidad es asegurar mecanismos anticorrupción de prevención y defensa durante la vigencia de los contratos que celebre el estado.

La iniciativa precisa que si bien es cierto existen cláusulas anticorrupción para algunos contratos, es imprescindible y necesario ampliar sus alcances con los contratos que suscribe el Estado con empresas, proveedores y locadores de servicios, independientemente del valor de cada uno “a fin de que se le apliquen las consecuencias jurídicas que correspondan y así el Estado tenga la potestad de resolver un contrato cuando se advierta casos de corrupción”.

De acuerdo con la Ley N° 30225, estos son los supuesto excluidos y a los que alcanzarían las cláusulas anticorrupción de aprobarse la propuesta del Gobierno:

Según la XI Encuesta Nacional sobre Corrupción 2019 de Proética, en 6 años, la identificación de la corrupción como uno de los principales problemas del país ha aumentado casi 20 puntos porcentuales: de 44% en 2013 a 62% en 2019. De esta forma, la corrupción se ubica en el segundo puesto superado por 4 puntos por la delincuencia. Además, se evidencia que el 100% de los encuestados, el 13% pagó, al menos una vez en los últimos 12 meses, un soborno al tener contacto con la Policía, los servicios de educación, salud, la justicia o los municipios.

PUNTOS ADICIONALES

⇒ El documento precisa que la ley ley entraría en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento.

⇒ El poder Ejecutivo mediante un decreto supremo refrendad por los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía, aprueban el reglamento de la ley en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

⇒ Sobre el costo que podría generar al Estado, no pueden hacer la estimación, sin embargo, dicen que es posible identificar los beneficios a nivel cualitativo, por ejemplo, que las entidades pública dispongan de herramientas para disuadir actos de corrupción.