El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el congresista Darwin Espinoza, quien recientemente fue acusado de utilizar recursos y personal del Congreso para inscribir su agrupación política, el movimiento regional Adelante Áncash.
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“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias contra Darwin Espinoza Vargas por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos en agravio del Estado”, publicó la fiscalía.
Esto ocurre luego de que la Procuraduría General del Estado solicitara al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, que se iniciaran diligencias contra Espinoza por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso.
De acuerdo a las estimaciones del procurador general, Javier Pacheco, el legislador podría enfrentar una pena de entre 2 y 12 años de prisión efectiva si se confirma que utilizó recursos del Estado y personal parlamentario de manera ilícita, tal como lo denunció ‘Punto Final’ el pasado fin de semana.
El martes pasado, representantes del Ministerio Público visitaron el despacho congresal de Espinoza Vargas para verificar la ubicación de su oficina. Se esperaba que esta semana se conociera el inicio de la investigación preliminar, lo cual se ha confirmado.
Comisión de Ética aprueba denuncia contra Espinoza
Este jueves, la Comisión de Ética del Congreso aprobó la denuncia de oficio contra el congresista accionpopulista por el presunto uso indebido de recursos y personal de su despacho.
La denuncia por presunta vulneración a la ética parlamentaria fue aprobada con 13 votos a favor y una abstención durante la sesión del grupo de trabajo llevada a cabo esta mañana.
La acción contra Espinoza Vargas surge después de un informe periodístico que sugiere que el legislador está realizando actividades no relacionadas con su labor para obtener firmas para el movimiento Adelante Áncash, cuyo kit fue adquirido por el hermano del legislador.
“Para dicho fin se usaría a los trabajadores del despacho, así como los bienes del Estado destinados al trabajo parlamentario, lo que significa el uso indebido de los recursos humanos, económicos y bienes del Congreso de la República”, sostuvo el presidente de la referida comisión, Diego Bazán.
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