Defensoría cuestiona disolución del Congreso: "Hubo quiebre en el principio de separación de poderes"

Actualizado el 26/10/2019, 08:20 a.m.

El rol que habría jugado el Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza y el cierre del Parlamento no habría respetado escrupulosamente el cauce constitucional, según un análisis que realizó la Defensoría del Pueblo y que fue plasmado en un informe.

Entre sus conclusiones, el documento exhorta al Tribunal Constitucional (TC) a admitir la acción competencial que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, a fin de que se resuelva el problema de fondo: La constitucionalidad de la acción del Gobierno de Martín Vizcarra, el pasado 30 de setiembre.

HUBO QUIEBRE

El órgano que cautela los intereses del pueblo, dirigido por Walter Gutiérrez, señala en parte de su estudio la necesidad de exigir el respeto a las “esencias” de los proyectos de ley, pues en el caso reciente existió un quiebre constitucional en el Gobierno sobre la cuestión de confianza.

"Aun cuando el Poder Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza acerca del debate y la aprobación de un proyecto de ley, esta facultad no puede llegar al extremo de impedir que el Parlamento realice modificaciones a la propuesta planteada", explica el documento de 39 páginas.

Expone que la facultad de legislar está originariamente en manos del Congreso. "Imponer el contenido del texto legislativo, dejando de lado las consideraciones derivadas del debate parlamentario, supone una intromisión en las competencias del Congreso", alega el informe.

Asimismo, se sostiene que la cuestión de confianza, entre otras figuras que forman parte del balance entre poderes, no puede usarse con fines que constituyan "un quiebre del principio de la separación de poderes", tal como lo ha precisado el propio TC.

En ese sentido, agregan que una cuestión de confianza, planteada para impedir la labor legislativa del Parlamento, supondría una intromisión en su autonomía funcional, "un quiebre del principio de separación de poderes" y, por ende, un uso fuera de los parámetros constitucionales.

Asimismo, la Defensoría se pronunció sobre la llamada "negación fáctica", que usó Vizcarra para acometer la disolución del Congreso.

Ante ello, sostiene que el margen de discrecionalidad para entender como denegada una cuestión de confianza, sin más criterio que el suyo, supondría un peligro para el equilibrio de poderes. "Que el Ejecutivo tenga dicha discrecionalidad podría generar un precedente, de acuerdo al cual, los mandatarios podrían aducir, cuando convenga a sus intereses, que existió un rechazo fáctico de la cuestión de confianza, de modo que les permita emplear arbitrariamente el mecanismo de disolución del Parlamento", se precisa.

Agrega que permitir una interpretación del Ejecutivo en esos términos "implica abrir un amplio margen de discrecionalidad, que podría lindar con la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad presidencial de la disolución del Congreso".

SENTENCIA

La Defensoría también plantea la necesidad de un pronunciamiento del TC sobre este enfrentamiento de poderes, y explica que una sentencia sobre la disolución del Legislativo "sería un primer paso para reconducir la crisis por los cauces de la Constitución".

En las conclusiones que hace la Defensoría también cuestiona al Congreso de la República. Sobre el Parlamento, asevera que no es posible que haga ineficiente la cuestión de confianza, otorgándola formalmente con los votos, pero en la práctica desnaturalice los fines de la solicitud.

Asimismo, la Defensoría consideró que la Comisión Permanente del Congreso (o el presidente de la misma) se encuentra legitimada para presentar la acción competencial. Sobre el rol de la Comisión Permanente, recomendó que el TC sea la entidad que decida si es que tiene la atribución para "continuar o no con los procedimientos de acusación constitucional hasta la etapa de acusación ante el pleno".

Finalmente, en otras de las conclusiones del informe se destaca que el Tribunal Constitucional debe resolver los límites de los Decretos de Urgencia que ha ido emitiendo el Gobierno.

¿OTRA DEMANDA?

En ese contexto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, explicó ayer el contenido del informe defensorial y no descartó que su entidad presente una nueva demanda competencial, aunque no precisó en qué momento lo haría.

"La normativa actual permite que un tercero pudiera presentar esa demanda de competencias. No son los únicos (el Ejecutivo o el Legislativo) y la Defensoría también es una institución que eventualmente podría hacerlo", manifestó.

Asimismo, lamentó que el país haya tenido tres años (2016-2019) de disputa de poderes. "No ^ se han puesto de acuerdo, no han entendido cuál es el rol del ejercicio del poder", acotó.

A su juicio, que el TC admita la demanda competencial significaría abrir la puerta para que se discuta si estuvo bien o no la decisión de cerrar el Parlamento.

Al respecto, la fujimorista Luz Salgado coincidió con Gutiérrez y sostuvo que la demanda competencial "ya debe ser dilucidada" por el TC.

Entre tanto, desde el Gobierno, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que respetará la decisión del TC sobre la demanda competencial que presentó el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

"Respetamos la independencia. Respaldamos las acciones del Tribunal Constitucional. La decisión que tome, nosotros la respetamos", dijo el Mandatario en el intervalo de una actividad cumplida en Satipo, Junín.