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La Defensoría del Pueblo solicitó que se investigue el presunto cambio de favores que habría entre el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, y congresistas de Acción Popular tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que denuncia este hecho.
A través de un comunicado, la entidad calificó de un asunto “grave para la institucionalidad” las acusaciones de supuestos chats donde se muestran coordinaciones y presiones del ministro Jorge Prado a su exsecretario general para designar funcionarios que le habrían recomendado parlamentarios de la mencionada bancada.
En ese sentido, recordó que algunos de estos legisladores también formarían parte de ‘Los Niños’, calificativo que utilizó Karelim López para mencionar a un grupo de congresistas de Acción Popular que solicitaban priorizar proyectos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Manifestamos nuestra preocupación de que una inadecuada relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, manifestado en el intercambio de favores y obras, dada la correlación de votos en el Congreso, pueda estar afectando el debido desempeño de las funciones de fiscalización y de control parlamentario de las actividades del Poder Ejecutivo”, se lee en el comunicado.
En relación a las antes mencionadas irregularidades en el MTC, la Defensoría informó que ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), donde piden informar cuál es el marco legal que habilita a los parlamentarios a impulsar priorización de obras,
“También, hemos solicitado, a través del Oficio 0073-2022-DP-ALCCTEE, a la Subgerencia de Control del Sector Transporte y Comunicaciones de la Contraloría General de la República que investigue los actos de corrupción relacionados con la aprobación de los referidos proyectos. Ambos sin respuesta a la fecha”, agregó.
Por tal, la institución, demandó que los hechos sean investigados por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Congreso, “sin perjuicio de que los congresistas eviten caer en supuestos de conflictos de interés que afectan, por inacción, la correcta administración pública y la adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía”.
