La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alista su contraofensiva luego de que la Corte Suprema anulara la suspensión en el cargo de Patricia Benavides, el último jueves 31, la que le había sido impuesta en primera instancia por el juez Segismundo Léon.
Ayer, Espinoza brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó la decisión de los jueces supremos. Indicó que evitaron pronunciarse sobre otros “aspectos” expuestos por la fiscal Alejandra Cárdenas en la audiencia de apelación en la que pedían elevar la suspensión de 24 a 36 meses, y que aún no se tiene definido a qué plaza volvería Benavides.
Acotó que espera una comunicación de la de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Fueron no menos de tres los obstáculos que expuso.
Cuenta regresiva
En su primera traba, Espinoza Valenzuela explicó que el regreso de la exfiscal al Ministerio Público (MP) “es un procedimiento que tiene que culminarse a nivel de la JNJ”. Narró que “a los pocos minutos” de ser puesta en autos de la decisión de la Corte Suprema, la JNJ le “notificó formalmente una resolución de suspensión, de 60 días”, en contra de Benavides Vargas. Agregó que el organismo autónomo lo hizo “sin establecer el plazo de cuándo a cuándo se iba a cumplir” dicha medida.
“Es una resolución que tiene fecha del 23 de junio. No entendemos por qué recién se nos ha notificado, pero ha sido con posterioridad a la resolución notificada por la Corte Suprema”, dijo.
Por ello, informó que se pidió una aclaración a la entidad, la misma que está pendiente de respuesta. “Hemos emitido un oficio a la JNJ (…) para tener mayor claridad respecto a si la señora (Benavides) debe volver inmediatamente o no”, manifestó.
Horas después, el abogado de la exfiscal, Jorge del Castillo, informó que “la JNJ acordó dar por cumplidos los 60 días de suspensión”. A través de la red social X, el letrado aseveró que “ya no hay pretextos para no cumplir el mandato de reposición” de su patrocinada como fiscal suprema, tal como decidió la JNJ el último 12 de junio.
En esa línea, compartió un oficio firmado por la jefa de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez, en el que se precisa que la entidad declaró fundada una apelación el 9 de junio y, por ello, reformaron una sanción a Benavides, dictando solo 60 días calendario como suspensión. “A la fecha ha transcurrido dicho plazo”, se lee en un oficio del 31 de julio, compartido por Del Castillo.
Plazas
Por otro lado, Delia Espinoza se mostró reacia a precisar qué plaza podría asumir Benavides en su regreso a la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Ante las consultas de la prensa, dijo que esto responde a factores como el presupuesto y las plazas disponibles.
“Hemos solicitado un informe al área de presupuesto para que nos indique, de manera cierta, si es que se podría solventar un eventual retorno de la señora Benavides”, comunicó.
Añadió que “hace pocos meses se ha determinado, formalmente, que dos fiscalías que eran transitorias sean permanentes, pero que eso no quiere decir que el presupuesto esté garantizado”.
En esa línea, detalló que uno de estos despachos, “antes transitorio y ahora permanente, ve los casos de los ‘Cuellos Blancos’”, mientras que el otro alberga investigaciones vinculadas al mismo caso, pero también otros “emblemáticos.
Ello coloca en jaque a la Fiscalía, quien pidió la suspensión de Benavides, y la denunció constitucionalmente, en su investigación por presunto intercambio de favores con el abogado José Luis Castillo Alva, investigado por el Caso “Cuellos Blancos”.
Aún así, Espinoza indicó que “son los únicos despachos que están disponibles”. Van dos.
Al respecto, Del Castillo indicó que “el argumento de la supuesta falta de presupuesto es falsa, pues las dos fiscalías permanentes funcionaban antes como provisionales, tenían recursos y siguen teniéndolos”. Agregó que “la decisión de la JNJ, y ahora del Poder Judicial, no puede ser incumplida sin caer en desacato”.
Críticas
La Corte Suprema y el Congreso también fueron sujetos de cuestionamientos por parte de la fiscal de la Nación.
Sobre la sala que preside César San Martín, Espinoza indicó que “si bien es respetable su decisión, como cualquier decisión jurisdiccional, esta ha omitido varios aspectos que públicamente todos hemos visto y escuchado”. En esa línea, enfatizó que “hay varios aspectos que se han expuesto por parte de la fiscal que sustentó el caso” y que “no han merecido respuesta, ni han sido evaluados en la resolución”.
“Esa es su decisión. En todo caso, eso se verá oportunamente”, afirmó.
No obstante, en lo que constituye su tercera traba, Espinoza también aseveró que la Fiscalía deberá evaluar si Benavides es designada en el JNE. Ello en el marco de unas elecciones generales en ciernes.
“El JNE es un espacio donde, en un año tan importante (2026), se van a realizar elecciones generales. (Evaluaremos) hasta qué punto podría ser eso saludable (la designación de Benavides en dicha plaza). Esto es lo que nos ha generado la decisión de la Corte Suprema”, puntualizó.
Contra el Congreso
En otro momento, Espinoza calificó como “inusitada e inexplicable” que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivara la denuncia constitucional contra Benavides.
Este fue el principal argumento para que los jueces César San Martín, Manuel Luján, María Vásquez, Edhin Campos y Sara del Pilar Maita concluyeran que, “mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa, no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el cargo”.
“Siempre tomamos conocimiento de las agendas del Congreso (...) El caso se evaluó) a última hora. (…) ¿Por qué se trabaja a la carta? (...) El informe decía que sí procede continuar con el trámite de la denuncia constitucional”, indicó Espinoza.
Según Espinoza, el artículo 89 del Reglamento del Congreso exigía que el tema se someta a debate, algo que no se cumplió pues directamente se procedió a la votación, con “cinco congresistas investigados”, que finalmente favoreció a Benavides con el archivo de la denuncia. Es decir, acusó una festinación de trámite.
“Ese es el criterio (principal) que ha asumido la Corte Suprema que puede ser cuestionable (…). Se sabía públicamente que el 30 de julio se vería la apelación. Ha sido el ingrediente perfecto para que la Corte vaya por un formalismo, de que al haber sido archivada ya no hay caso. Ese es su criterio y se respeta”, remarcó.
