En los últimos años, el Congreso de la República aprobó un paquete de leyes que -para determinados sectores- favorecen la impunidad, el crimen organizado, entre otros factores. (ver infografía).
Precisamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, arremetió contra el Parlamento por las normas que afectan e interfieren con la labor de la institución que preside.
Consideró que existe una campaña masiva de promulgación de leyes arbitrarias e inconstitucionales que atentan contra las funciones del Ministerio Público (MP).
DETALLES
Durante su discurso por el inicio del Año Fiscal 2025, Delia Espinoza Valenzuela señaló que el Congreso aprobó leyes que, sin duda alguna, interfieren con la independencia de la labor fiscal, lo que compromete de manera grave la autonomía del MP.
En ese sentido, recordó que el 20 de diciembre del año pasado, la Fiscalía presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
“(Se hizo la demanda) en defensa de los principios que rigen nuestra labor y atribuciones que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz”, dijo.
La primera de esas leyes es aquella que precisa que nadie puede ser procesado, condenado o sancionado por delitos de humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002.
Desde su punto de vista, la mencionada ley debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos graves como los de lesa humanidad.
“Nuestra acción constitucional (demanda) busca asegurar que esta disposición no limite la capacidad de la Fiscalía para actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto a las cuales ya existen sentencias firmes”, apuntó.
También se interpuso una demanda por la ley que permite que la Policía investigue delitos a nivel preliminar.
“Es evidente que nos enfrentamos a una campaña masiva de promulgación de leyes que son arbitrarias, inconstitucionales y atentan contra las funciones del MP, perjudicando la eficiencia en las diferentes diligencias desplegadas por nuestros fiscales”, reclamó.
MÁS LEYES
La fiscal de la Nación cuestionó la ley que modifica la suspensión del plazo de la prescripción de un delito, ley conocida como Ley Soto, porque esta norma favorece la criminalidad ya que impide seguir investigando delitos cometidos, en muchos casos, de alta peligrosidad.
Sobre la ley que modifica los plazos para los acuerdos de colaboración eficaz, Delia Espinoza consideró que recortar los plazos para corroborar la información que ofrecen los colaboradores, “obstaculiza la persecución penal”.
Acerca de la ley contra el crimen organizado que sufrió una serie de modificaciones, la máxima representante de la Fiscalía consideró que la norma dificulta la aplicación del delito, porque se exigen categorías adicionales para tipificar el delito de organización criminal.
Este hecho, dificulta la labor fiscal para identificar y sancionar a los grupos que cometen actividades ilícitas.
“Generando evidentemente impunidad”, afirmó.
Espinoza también se pronunció sobre el aspecto de la ley que exige la presencia de un defensor público para los allanamientos, porque se hace más difícil conseguir elementos de prueba durante las diligencias.
“Desconocen que la presencia fiscal siempre ha sido suficiente para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso de la persona investigada”, apuntó.
“Lo que se pretende que con este tipo de leyes es generar impunidad sobre determinados funcionarios públicos”, agregó.
AGENTES
La fiscal de la Nación cuestionó la ley que impide la detención preliminar o prisión preventiva para los policías que hagan uso de sus armas de fuego y como consecuencia de ello, suceda alguna lesión o muerte.
“Se limitan las funciones del MP. Esta ley sin duda alguna colisiona con el principio de igualdad. No se puede legislar privilegiando o excluyendo de la persecución penal en determinadas personas o funcionarios”, afirmó.
En otro momento criticó la ley que establece sanciones para fiscales y jueces que liberen a delincuentes detenidos en flagrancia.
“Esta ley no respeta los criterios jurídicos que dichos magistrados pueden ejercer al momento de evaluar una medida coercitiva en la detención preliminar y prisión preventiva”, apuntó.
Espinoza adelantó que la Fiscalía se encuentra revisando las normas para presentar propuestas legislativas en cada caso, con el objetivo de revertir el impacto negativo que se ocasionó al sistema de administración de justicia.
Espinoza no descartó presentar más demandas de inconstitucionalidad ante el TC.
“Nos mantendremos vigilantes frente a las iniciativas legislativas que incidan directamente en nuestras competencias y en el cumplimiento de la visión institucional que tenemos”, agregó.
EXHORTACIÓN
La máxima representante de la Fiscalía aprovechó para pronunciarse sobre la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, norma que todavía no ha sido promulgada por la presidenta Dina Boluarte.
“Hasta la fecha esa ley no ha sido promulgada, lo que sigue afectando la función fiscal y por supuesto, genera impunidad. En ese escenario nos preguntamos por qué el Poder Ejecutivo no actúa con la misma celeridad con la que promulgó la Ley 32181″, dijo.
La Ley N° 32181 es la que reformó el nuevo Código Procesal Penal y derogó la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia.
“Esa es una preguntamos que esperamos puedan responder pronto. El MP no puede ver afectada la persecución del delito si esta ley continúa vigente”, precisó.
Acerca de la reciente remoción del fiscal Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, explicó, sin dar nombres, que los cambios se realizaron para: Optimizar los recursos, reducir la duplicidad de funciones y mejorar la asignación de recursos humanos; estandarizar criterios de investigación y otorgar una respuesta coordinada para facilitar la interacción entre fiscales.
“Esta decisión, lejos de ser una mera reorganización, es una muestra de una gestión clara para enfrentar los desafíos actuales y futuros, consolidando al MP como una institución sólida, articulada y eficiente”, manifestó.
Finalmente, la fiscal de la Nación envió un mensaje a la ciudadanía: “Sigan confiando en su MP. Nosotros seguiremos dedicándonos con mucha energía y objetividad para llevarles lo que se merecen, eficiencia y eficacia”.
