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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un documento al Congreso para solicitar la reapertura de la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El pedido incluye declarar nulo el procedimiento desarrollado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que archivó el caso en julio, y que este sea nuevamente evaluado.
La denuncia plantea imputaciones por presuntos delitos cometidos durante la gestión de Benavides, entre ellos cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento personal agravado y tráfico de influencias. También hace referencia a supuestas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
Espinoza solicita que la Comisión Permanente del Congreso declare nulo el procedimiento parlamentario seguido en la tramitación de la Denuncia Constitucional n.° 602-2021-2026. Según su argumento, durante el proceso se vulneraron principios del debido proceso parlamentario y se ejerció el poder de forma arbitraria, sin motivación suficiente para el archivo.
El 25 de julio, la Subcomisión decidió, por mayoría, rechazar el informe de calificación que proponía investigar a Benavides por presuntas irregularidades en el nombramiento de un fiscal del equipo especial “Cuellos Blancos” y la exclusión de una investigación penal. Ese mismo día, se aprobó una solicitud de ampliación de agenda promovida por el congresista Héctor Ventura, entonces presidente de la Subcomisión.
En el plano político, el congresista Fernando Rospigliosi cuestionó la iniciativa, señalando que Espinoza se enfoca en asuntos que no considera prioritarios para la ciudadanía, calificando su accionar como una “obsesión” hacia Benavides. En contraste, la congresista Ruth Luque indicó que en el Parlamento existe una mayoría que busca evitar investigaciones y consideró que el pedido de la fiscal es pertinente.
El documento de la Fiscalía argumenta que el trámite de la denuncia presentó “vicios esenciales” que afectan su validez, como la falta de motivación suficiente y la vulneración de principios constitucionales y reglamentarios. La nulidad implicaría retrotraer el proceso a un estado anterior para que sea evaluado nuevamente bajo las normas parlamentarias.
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