El fiscal de la Nación Tomás Gálvez resolvió que no existía mérito para formular una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y sus entonces ministros de Estado. La decisión incluyó el archivo de toda la investigación y la anulación del registro informático del caso relacionado con el incremento salarial presidencial.
El Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo presentó la denuncia penal contra Boluarte y su gabinete por presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Los denunciantes alegaron infracción a la Ley N° 28212 que limita la remuneración presidencial a diez Unidades Remunerativas del Sector Público, equivalente a 26 mil soles.
¿Cúando se efectuo el aumento de sueldo?
El pasado 4 de julio de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 136-2025-EF suscrito por Boluarte y el entonces ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. Este documento elevó el sueldo del cargo presidencial de 15 mil 600 soles a 35 mil 568 soles mensuales.
La fiscalía determinó que el trámite administrativo inició en marzo de 2024 con un oficio del Despacho Presidencial dirigido a SERVIR. Gálvez concluyó que esta fecha desvirtúa la presunta celeridad indebida alegada por los denunciantes y resta credibilidad a la denuncia.
La resolución destacó que la documentación acredita el cumplimiento de los procedimientos normativos por parte de las instituciones involucradas. El Congreso estableció excepciones específicas a la Ley N° 28212 mediante la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2025.
Marco legal aplicado
El procedimiento se rigió por la Ley N° 30057 del Servicio Civil, bajo la cual se expidió el decreto supremo. Gálvez precisó que la limitación invocada por los denunciantes no resultaba aplicable al caso específico del cargo presidencial.
Las declaraciones del presidente de SERVIR, el director de Programación de Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y otros funcionarios coincidieron en la corrección del proceso. El fiscal señaló que se trató de un acto colegiado sustentado en informes técnicos y legales independientes.
Gálvez determinó que no se acreditó un interés ilícito en la valorización del puesto presidencial. Aunque podría inferirse un beneficio económico para Boluarte, esta inferencia resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal.
¿Qué pasará con los exministros de la gestión de Boluarte?
Respecto a los exministros, la fiscalía descartó evidencia de voluntad deliberada para favorecer a la expresidenta. Los funcionarios ejercieron sus competencias basados en informes técnicos previos sin indicios de irregularidad.
Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado defensor de Boluarte, celebró la resolución de la fiscalía en su cuenta de X. El letrado argumentó que una indagación previa bastaba para descartar materialidad penal en la denuncia presentada.
“¡Caso sueldo presidencial archivado! Para denuncias como estas, es suficiente una indagación previa para determinar la ausencia de materialidad penal. Los caprichos personales no son fuente de investigación penal”, escribió en sus redes.
