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La bancada de Renovación Popular anunció que presentará una moción de interpelación y denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
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Así lo informó su vocero, Jorge Montoya, quien consideró que el informe de la Contraloría, respecto a que la funcionaria habría cometido infracción constitucional, “es muy grave”.
“Si es que cierto lo que dice la Contraloría, el asunto es muy grave. Desde nuestro punto de vista el informe de la Contraloría es válido, es de una organización del Estado peruano, seria y que indica que la señora está en falta”, expresó.
“Nosotros estamos preparando una moción de interpelación sobre ese tema y una acusación constitucional también”, añadió el congresista.
En ese sentido, Montoya refirió que el proceso de interpelación “es rápido” y se puede hacer porque se encuentra dentro de las facultades del Congreso, a la par que se procesa la denuncia constitucional contra la vicepresidenta.
“Vamos a interpelar a la señora Boluarte, que está dentro de las facultades, es rápido y se puede hacer. Se está procesando la denuncia constitucional, hay que ver quién la firma y se va a presentar. Otras bancadas están en lo mismo. Tenemos que ser cuidadosos en hacer los documentos como corresponde y no dejarnos llevar por la emoción. Tenemos que ser racionales en este tema”, subrayó.
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Finalmente, el legislador manifestó que Dina Boluarte “tiene un comportamiento extraño” desde la pasada campaña electoral y que su modo de actuar “no es claro y transparente”, pues “siempre está buscando las salidas extrañas”.
Como se recuerda, según un informe de la Contraloría General de la República, Boluarte Zegarra habría firmado documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Según dicho documento del organismo fiscalizador, esto podría evaluarse como una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
Dicho extracto de la Carta Magna señala que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
